Las medidas Gobierno para contener precios de energía y ayudas al campo y el transporte ante la guerra de Irán

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este jueves que el Gobierno prepara un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera.

Así lo ha trasladado tras reunirse este jueves con los sindicatos y la patronal para abordar este paquete de medidas, reunión a la que también han asistido las tres vicepresidentas y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno.

Lo que sí parece descartar el Ejecutivo, aunque Cuerpo ha indicado que están todavía evaluando todas las medidas, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.

Según el ministro, los sectores y agentes con los que se han reunido han criticado la medida de la bonificación al combustible por ineficaz. “Es una de las medidas que menos nos aconsejan”, ha compartido en la rueda de prensa, donde ha asegurado que, en cambio, los distintos sectores apuntan a medidas en el ámbito fiscal.

Además, no ha confirmado que las medidas que se vayan a tomar lleguen a tiempo de ser aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo martes. “La prioridad es cerrar el texto con la máxima celeridad, en los próximos días para que esté preparado para su aprobación”, ha afirmado Cuerpo, sin concretar la fecha exacta.

Sobre las medidas concretas, el ministro ha garantizado que habrá una “atención especial” a los sectores más afectados por la crisis, como son el campo y el transporte por carretera.

El "esqueleto" del plan de medidas del Gobierno

Junto con estas medidas, Cuerpo ha descrito lo que define como el “esqueleto” del plan del Gobierno frente a las posibles consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, que se basará en el “rigor”, la “responsabilidad” y la “flexibilidad” para ir adaptando las medidas en función de cómo evolucione la situación geopolítica y económica.

Este está compuesto por cuatro puntos principales: medidas de corte estructural que avancen en la apuesta por las energías renovables, la transición ecológica y la electrificación, que están suponiendo "un seguro de vida" para reducir el efecto de la crisis, y medidas relacionadas con la "minimización" del impacto en términos de coste de la electricidad y de energía, que serán esencialmente medidas fiscales.

Medidas anunciadas

Medidas fiscales y económicas

• Medidas fiscales para contener el precio de la energía y la electricidad.

• Medidas fiscales adicionales para reducir el impacto económico del conflicto.

Ayudas a sectores afectados

• Ayudas específicas al sector agrario (el campo).

• Ayudas específicas al transporte por carretera.

Medidas estructurales de energía

• Impulso a las energías renovables.

• Avanzar en la transición ecológica.

• Apostar por la electrificación de la economía para reducir la dependencia energética.

Control y seguimiento de precios

• Vigilancia de los precios de los combustibles y la energía por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

Escudo social y protección laboral

• Posible activación de ERTE si la crisis afecta al empleo.

• Uso del Mecanismo RED si fuera necesario para proteger el empleo.

Protección a consumidores vulnerables

• Posible prohibición de cortes de suministro energético a personas vulnerables.

Medidas que están preparadas pero dependen de la situación

• Posible aplicación del “tope al gas” o excepción ibérica, si la UE lo permite y se acuerda con Portugal.

Prohibir cortes de suministro a vulnerables

Completan los cuatro pilares la voluntad de “atender al impacto de la subida del precio de los combustibles”, con ayudas a sectores como el campo y el transporte y mediante la vigilancia de la evolución de precios por parte de la CNMC.

También se incluye el escudo social, para lo que ya están preparados mecanismos como los ERTE, en caso necesario. A estos se podrían sumar medidas de protección para los más vulnerables, como ocurrió con la guerra de Ucrania con la prohibición de cortes de suministro.

El ministro ha marcado distancias entre la situación actual y la de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, y ha señalado que ahora no se dan las condiciones para activar la cláusula de escape, que permitiría elevar el gasto público sin incurrir en déficit.

“No estamos en la misma situación y esto se traduce también en que en el marco europeo no tenemos la misma flexibilidad para implantar medidas como esa cláusula”, ha explicado. “Ahora tenemos un marco que está en vigor, y la Comisión Europea ya ha adelantado que no se dan las condiciones de recesión económica como para activar esta cláusula general”, ha puntualizado.

Cuerpo también ha destacado las diferencias en los precios del gas, que pasaron de 100-200 euros con la guerra en Ucrania a alrededor de 50 euros con el conflicto relacionado con Irán. Además, ha recordado que la posibilidad de aprobar de nuevo un tope al gas, como ocurrió con la llamada “excepción ibérica”, tendría que decidirla Bruselas y acordarse con Portugal. “En cualquier caso en España, con esta experiencia que tuvimos en 2022, ya está todo preparado por si fuera necesario implementar de nuevo el mecanismo ibérico”, ha añadido.

Escaso impacto macro, pero sí sobre la inflación

Respecto a los efectos del conflicto actual, Cuerpo ha señalado que su ministerio no está viendo impacto negativo en la afiliación a la Seguridad Social de marzo, que “se sigue comportando con normalidad”, ni tampoco en el Producto Interior Bruto (PIB).

“No hay ninguna estimación clara sobre un posible impacto en el PIB”, ha explicado. Sin embargo, sí espera que los datos de inflación de marzo y abril puedan verse afectados, aunque la duración del conflicto determinará si el efecto es transitorio o no.

CCOO y UGT no prevén impacto en el empleo

A la salida de la reunión, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han asegurado que no ven impacto del conflicto en el empleo y que no prevén que lo haya ni a corto ni a medio plazo.

Aun así, han pedido tranquilidad, recordando que los mecanismos de protección del empleo ya existen en la ley, como los ERTE o el Mecanismo RED, que podrían activarse si fuera necesario. Sordo ha defendido que cualquier medida fiscal que suponga gasto público debe ir acompañada de control de precios para las familias.

“Cualquier movilización de recursos públicos tiene que servir para contener los precios. Si no hay control, puede acabar simplemente mejorando los márgenes empresariales”, ha advertido. Por su parte, Álvarez ha señalado que las medidas deben ser selectivas, dirigidas a sectores, familias y personas cuya capacidad económica se vea afectada por la crisis derivada del conflicto con Irán.

Ambos líderes sindicales han rechazado una bajada generalizada de impuestos, ya que, según Sordo, supondría “desarmar fiscalmente” al Estado cuando más se necesita su intervención. Álvarez también ha defendido actuar con transparencia en los precios, señalando que algunas grandes petroleras ya ofrecen el litro de combustible a unos 2,15 euros, mientras que el precio medio del gasóleo ronda los 1,8 euros.