Documento | Un fallo judicial histórico en España: "Condenamos a D. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado"

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y al pago de 10.000 euros a Alberto González Amador por un delito de revelación de secretos. El fallo, histórico por juzgar por primera vez a un fiscal general en activo, fue adoptado por cinco magistrados frente a la oposición de dos, y se basa en el artículo 417.1 del Código Penal, aplicando la pena en su grado mínimo. El caso gira en torno a la filtración a la prensa de un correo de la defensa de González Amador y a una nota de prensa posterior de la Fiscalía, elementos que el tribunal ha considerado lesivos para el afectado.

Durante el proceso, las acusaciones sostuvieron que la filtración buscaba justificar el comunicado que perjudicó gravemente a González Amador, mientras que la defensa negó cualquier participación del fiscal general y apuntó a filtraciones procedentes del entorno del propio empresario. Testimonios como el de la jefa de la Fiscalía de Madrid, Almudena Lastra, y la declaración final del propio García Ortiz marcaron el juicio, cuya sentencia completa se hará pública en los próximos días.

El fallo judicial

El Tribunal Supremo emitió el que ya es un fallo judicial que entra en la historia de la democracia en España. En él se escribe el siguiente contenido:

Madrid, a veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Habiéndose producido la deliberación de la Sala en la causa especial referenciada, estando pendiente de redacción la sentencia, procédase a anticipar el contenido del fallo, que es el siguiente: “La Sala II del Tribunal Supremo, en la causa especial 20557/2024, ha dictado por mayoría de sus miembros el siguiente fallo, que se anticipa:

““FALLO

Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil, se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.

Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación. Los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán.”” La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma.

La resolución incorporará dos votos particulares emitidos por las Magistradas de la Sala Segunda Dª Ana María Ferrer García y Dª Susana Polo García, que disienten de la misma, lo que determina un cambio en la Ponencia, que asume el Presidente de la Sala D. Andrés Martínez Arrieta.”

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