La nueva ley de empleados del hogar incluye sanciones altas en caso de incumplimiento
FORMACIÓN Y PREVENCIÓN
Inspección de Trabajo apunta que los empleadores, de no cumplir con el nuevo marco legal, pueden ser multados con hasta 800 mil euros, aunque las sanciones más comunes por no contratar a las asistentas o asistente del hogar en regla pueden alcanzar un máximo de 49.000 euros, en el caso de faltas en la prevención de riesgos, y 12.000 euros por no dar de alta en la Seguridad Social
La entrada en vigor de la que se conoce como “Ley de empleadas del hogar” conlleva un nuevo paquete de obligaciones y sanciones. Un nuevo marco legal que pretende beneficiar a las personas que trabajan como empleados domésticos o asistentes del hogar, un sector en su mayoría integrado por mujeres. A primera instancia, para cumplir la nueva normativa, los empleadores deben completar un cuestionario en la web “Prevención10”. Curiosamente, la ley está ya en vigor, pero dicho canal a través de Internet se encuentra inoperativo. Según fuentes del Ministrio, esta incidencia se debe a un ciberataque recibido en las primeras hora de su entrada en funcionamiento.
En todo caso, el cuestionario contará con una serie de preguntas y, a partir de las respuestas, creará un plan de riesgos laborales adaptados a cada hogar.
Un cuestionario y un curso
De igual manera las empleadas deberán completar un curso a través de la fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae). El Ministerio Trabajo y Economía Social también señala que de existir “riesgos excepcionales”, la persona que contrata debe proveer de “una formación complementaria”.
Inspección de Trabajo dice que las novedades que incluye esta nueva norma “es una medida de justicia social” y que pone a estas empleadas "al mismo nivel de protección que cualquier otro trabajador".
"Todo lo que sea mejorar lo vemos estupendo” pero “ vemos problemas en el apoyo a las familias (…) no son empresas para asumir todas las responsabilidades como empleador”
A pesar de que puede a primera instancia percibirse como una medida novedosa y moderna, desde la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos, su Coordinadora General, Alicia Novalvos, señala que “todo lo que sea mejorar lo vemos estupendo” pero “ vemos problemas en el apoyo a las familias (…) no son empresas para asumir todas las responsabilidades como empleador”. Además de recalcar que el gobierno no puede “ser coercitivo” en la comunicación.
Novalvos también recalca que es “muy importante apoyar a las familias empleadoras que lo están haciendo bien", las que “tienen contratadas a las empleadas de manera formal dentro de la economía regulada”. Datos de la Fundación OXFAM INTERMÓN apuntan que en España hay 565.718 personas trabajaban en este sector, 87% son mujeres y el 32% no están dadas de alta en la Seguridad Social. Toda una economía sumergida que saca a la luz también una brecha de género y una precariedad laboral significativa y que esta ley pretende paliar.
Esta norma es una medida derivada del Real Decreto 893/2024 aprobada por el Gobierno, un nuevo instrumento legal que fue impulsado por el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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