Esperanza Aguirre declara como testigo este jueves en el juicio contra Ignacio González por el caso Lezo

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, histórica dirigente del PP, está citada a declarar como testigo este jueves en el juicio del "caso Lezo" a su sucesor en el cargo, Ignacio González, por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público.

Este caso provocó en 2017 la dimisión de Aguirre como portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Madrid tras la detención de González, quien había sido su "número dos" durante sus años al frente de la Comunidad de Madrid, entre 2003 y 2012.

La expresidenta autonómica testificará en el juicio por esta pieza del "caso Lezo", en la que están acusados, además de González, el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente madrileño.

En la primera jornada del juicio el pasado martes, en la que las partes plantearon las cuestiones previas, González y el resto de acusados negaron los hechos por los que están siendo juzgados.

Para todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios de los mismos, así como una multa de 550.000 euros.

Beneficiar a familiares de González

Los hechos se remontan a 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Madrid para posibilitar el uso público de diversas instalaciones del canal, para lo que convocó un concurso para la ejecución del proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito del canal, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press.

En junio de 2004, la dirección del Canal de Isabel II, ostentada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, entonces vicepresidente regional, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación", según Anticorrupción.

"Guiados por dicho fin convinieron con Dragados que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad el contrato modificado, imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería", conocida comercialmente como TCT, cuyos socios eran Clemente, el hermano y el cuñado de González.

Los familiares del expresidente madrileño ocultaron su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de eludir sus vínculos de parentesco, según Anticorrupción.

La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006, tras la intervención de Ignacio González e Ildefonso de Miguel.

Así, "la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones", indica la Fiscalía.

Tres millones de euros por los trabajos

El 15 de junio de 2006, explica el escrito, antes de que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos aduciendo que en un concurso había sido la oferta más ventajosa.

Según el Ministerio Público, los socios de TCT habían acordado reservadamente con los responsables de Dragados "incrementar en un 47% el importe a cobrar". En esa misma fecha, Dragados firmó con TCT ese contrato por importe de 160.204,79 euros, cuyo objeto inicial era la ejecución de un hoyo número 4 de prueba en el campo de golf.

Este encargo se amplió después con cuatro anexos en agosto y noviembre de 2006 y febrero de 2007. De este modo, el importe total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros, de acuerdo al relato fiscal.

La Fiscalía subraya que TCT se fundó en mayo de 2003 con la razón social de trabajos de ingeniería, y que no fue hasta 2008 cuando incluyó la realización de proyectos deportivos: "Sin embargo, la sociedad carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos incluidos en el modificado".

Dado que los encausados eran incapaces de ejecutar esas obras deportivas, las subcontrataron a su vez con las mercantiles Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, pactando con ellas percibir una comisión del 8% por su mera intermediación.

Supuestos cobros bajo seudónimo

De acuerdo con Anticorrupción, tras el cruce de facturaciones entre Dragados, TCT y las empresas subcontratadas reales, TCT obtuvo un beneficio neto de 381.029 euros "por su innecesaria e impuesta intermediación".

El escrito señala que entre noviembre de 2006 y marzo de 2008 los acusados se repartieron los fondos "según un plan perfectamente documentado". El hermano de Ignacio González, presuntamente bajo las siglas "PG", habría percibido 101.348 euros en una veintena de entregas en efectivo.

El cuñado del expresidente, identificado con las siglas "JJC", habría cobrado 94.425 euros en once entregas, mientras que a José Antonio Clemente ("JCM") le habrían correspondido 71.199 euros, pagos canalizados a través de sociedades instrumentales.

En paralelo, en 2006 el Canal adjudicó la explotación de las instalaciones deportivas a una UTE integrada por TCT, Soto Once e Iridium. Esta unión conformó la sociedad Green Canal Golf, que tras rubricar la concesión subcontrató con TCT el mantenimiento del césped por 9.875 euros al mes; una labor que TCT derivó de inmediato a Onlygolf por 7.941 euros, logrando así un beneficio extra de 124.000 euros por su rol intermediario.