Europa pide al Gobierno más medidas contra la corrupción

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), órgano del Consejo de Europa encargado de supervisar las políticas anticorrupción en los países miembros, avisó a España de que no cumplió varias de sus principales recomendaciones emitidas en 2019. El organismo lamentó que no se impulsó una regulación efectiva sobre los asesores políticos, que no se reformó la figura del aforamiento y que tampoco se aprobó una ley clara y completa sobre los grupos de interés o lobbies.

Respecto a los asesores, el Greco solicitó hace años que se les aplicaran las mismas normas de transparencia e integridad que rigen para altos cargos del Ejecutivo. Aunque el Gobierno introdujo algunas propuestas en el llamado “Plan de Acción para la Democracia”, como la obligación de idoneidad, buena reputación, formación adecuada, exclusividad y declaración pública de bienes y actividades, estas medidas no entraron en vigor. El proyecto legal no llegó al Consejo de Ministros y no se pudo evaluar ni aplicar. El Greco concluyó que ese compromiso quedó sin efecto en la práctica. También indicó que sin exigencias claras y operativas, se mantiene un vacío normativo que debilita la rendición de cuentas dentro del Ejecutivo.

Sobre la figura del aforamiento, el organismo insistió en que esta figura dificultó la persecución penal de delitos de corrupción. España alegó que el aforamiento no implica impunidad, ya que los casos pasan directamente al Tribunal Supremo, pero el Greco reiteró que no se dieron avances a nivel estatal. Algunas comunidades autónomas reformaron parcialmente esta figura, aunque el foco del análisis se centró en el ámbito nacional. El informe recordó que varios países europeos ya eliminaron o redujeron esta figura para evitar privilegios judiciales injustificados.

Información pública

En relación con los lobbies, el informe fue especialmente crítico. Reconoció que en enero se aprobó un anteproyecto de ley de transparencia e integridad para las actividades de grupos de interés, pero remarcó que sigue en tramitación parlamentaria. Lo calificó como un paso positivo, aunque insuficiente. Lamentó que no se incluyera la obligación de publicar las agendas de los altos cargos que se reúnen con estos grupos, lo que calificó de “oportunidad perdida”. Según el Greco, esta omisión impide identificar las influencias reales en la toma de decisiones políticas y legislativas.

El informe mostró preocupación por las dificultades que enfrenta la ciudadanía para acceder a información pública. Aunque reconoció una evolución positiva desde que entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos oficiales, denunció los “largos plazos de respuesta” y la falta de mecanismos eficaces para garantizar el derecho a la información.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ganó algo de independencia, pero sigue sin contar con plenas capacidades sancionadoras que le permitan ejercer su función de control.

Señaló que las restricciones sobre empleos posteriores al ejercicio de cargos públicos no se aplicaron con el rigor necesario. Recomendó reforzar el control sobre esta práctica y sobre las declaraciones financieras de los responsables políticos, especialmente mediante la publicación desglosada de estos datos.

El PP pide explicaciones a Bolaños por este “demoledor” documento

El Partido Popular pidió la comparecencia “inmediata” del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la Diputación Permanente del Congreso tras el “demoledor” informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que denunció que España no cumplió ninguna de sus 19 recomendaciones sobre transparencia y lucha contra la corrupción. El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó: “El Gobierno de España sigue sin cumplir ni una sola de las recomendaciones contra la corrupción. De 19, cero”. Durante una intervención en la junta directiva del PP gallego, Tellado calificó el informe como propio de lo “normal” en lo que describió como “el gobierno más corrupto que se recuerda”.

La solicitud de comparecencia se formalizó en un escrito enviado por el Grupo Parlamentario Popular, encabezado por Ester Muñoz, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. En él, se insistió en que “España no cumple ni una sola de las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción dirigidas por el GRECO a nuestro país hace seis años”.

El informe criticó la falta de avances en la regulación de asesores políticos y la inexistencia de medidas sobre los lobbies. Aunque el Gobierno presentó algunas iniciativas en el “Plan de Acción para la Democracia”, el GRECO concluyó que no se implementaron. El PP ya solicitó la comparecencia de Bolaños también en el Senado, por el respaldo del Ejecutivo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.