Feijóo cree inviable acoger a ocho millones de personas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió de que España no puede acoger a ocho millones de personas porque el Estado “no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud”, al tiempo que acusó al Gobierno presidido por Pedro Sánchez de actuar siempre con “interés”: “Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”.

Así se manifestó durante la clausura el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, ayer viernes en Castelló de la Plana, desde donde ha reprochado al Ejecutivo central que actúe por “la búsqueda del beneficio propio” ahora con “la nacionalización masiva y la alteración del censo”. “No hay un español ni viejo ni nuevo, pero, sobre todo, lo que no hay es responsabilidad alguna. Es irresponsable tomar decisiones de este impacto sin amplio consenso y sin un debate sosegado en el Parlamento”, dijo sobre la regularización de migrantes.

Según el líder de los populares, “en España, desde que llegó Sánchez, ha crecido el número de personas nacidas en el extranjero cuatro millones” a los que ha sumado el millón trescientos que están incorporando por la regularización. Asimismo, ha incluido “los 2,6 millones” de la llamada ley de Nietos”. “Estamos hablando de tataranietos y no solo de nietos”, con los que “da un total de 7,8 millones”. “Y me pregunto: ¿alguien ha preparado al país para esto?”.

“¿Vosotros creéis que por una instrucción de una directora general, por mucho que sea la hermana del ministro Óscar Puente, se pueden otorgar 2,6 millones de pasaportes españoles? ¿Puede un real decreto regularizar aquello que es irregular y aquello que nos dijeron que era medio millón de personas, ahora resulta que son un 1,3 millones y hacerlo en contra de lo que votamos en el Congreso y en el Senado”, cuestionó.

A su juicio, “es profundamente irresponsable que se impulsen cambios sociales de esta dimensión sin planificación ninguna”.

Vox plantea expulsar a los extranjeros que delincan

Vox registró en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal con el objetivo de sustituir el cumplimiento de la pena impuesta a delincuentes extranjeros por su expulsión del territorio nacional y establecer la pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen y sean condenados por sentencia firme por la comisión de cualquier delito. La iniciativa plantea modificar el artículo 89 del Código Penal para que la pena, sea leve, menos grave o grave, impuesta a un ciudadano extranjero condenado por sentencia firme sea sustituida por su expulsión del territorio nacional.

Además, establece que el extranjero expulsado no podrá regresar a España en un plazo de diez a veinte años.