Fin a las llamadas telefónicas de spam y a los gastos de gestión ocultos

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que pone fin a las llamadas comerciales no deseadas, a las reseñas falsas y a los gastos de gestión ocultos. La norma, que deberá pasar ahora por el Senado, es la primera que regula los servicios de atención al cliente y busca garantizar una atención gratuita, rápida y personalizada para los consumidores.

Entre las principales novedades, las empresas deberán identificar sus llamadas comerciales con un prefijo específico, lo que permitirá a los operadores bloquear el acoso telefónico. También estarán obligadas a mostrar el precio total desde el inicio de cualquier compra o reserva, sin cargos sorpresa al final del proceso. Además, los clientes tendrán derecho a ser atendidos por una persona en menos de tres minutos, y las reclamaciones deberán resolverse en un máximo de 15 días —cinco en casos de cobros indebidos—.

La ley también introduce transparencia en los algoritmos que personalizan precios o publicidad, y prohíbe las renovaciones automáticas de contratos sin consentimiento previo. Por otra parte, garantiza el derecho a recibir atención en lenguas cooficiales y la accesibilidad para personas mayores o con discapacidad.

¿Cuándo se dejarán de recibir llamadas no deseadas?

La Ley de Servicios de Atención a la Clientela entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez complete su tramitación en el Senado y regrese al Congreso para su aprobación definitiva.

A partir de ese momento, quedarán prohibidas las llamadas comerciales no consentidas, los gastos de gestión ocultos y las renovaciones automáticas sin aviso previo, entre otras prácticas.

El ministro Pablo Bustinduy destacó en el Congreso que “esta ley da más poder a los consumidores y consumidoras para hacer valer sus derechos frente a las empresas”. Con su aprobación, el Gobierno busca poner fin a abusos comunes y avanzar hacia “un modelo de consumo más justo, responsable y humano”.