La fiscal pide absolver a David Sánchez por falta de pruebas

La acusación popular del PP aseguró durante el juicio al hermano de Pedro Sánchez en la Audiencia Provincial de Badajoz que “las cloacas del PSOE han intentado destruir el procedimiento” por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Así se manifestó el abogado del PP, Alberto Durán, en la presentación de los informes finales de la acusación. En su opinión, el caso supone “una misma ópera delictiva con tres actos criminales”, que son la creación de tres plazas, y lamentó que se haya tratado de torpedear “por tierra, mar y aire”. Mientras, la Fiscalía solicitó la absolución del hermano del presidente del Gobierno, y del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Durante su informe final, la fiscal Begoña García Boró afirmó que la instrucción y las pruebas practicadas no han acreditado la comisión de los delitos atribuidos a los acusados. Según defendió, ninguna de las evidencias presentadas ha conseguido desvirtuar el principio de presunción de inocencia. La representante del Ministerio Público también cuestionó la actuación de algunas acusaciones populares, al considerar que modificaron de forma indebida el objeto del procedimiento al introducir nuevos hechos y posibles responsables en sus conclusiones definitivas. A su juicio, esta actuación vulnera la doctrina consolidada del Tribunal Supremo y las exigencias procesales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La UCO

En relación con el fondo del caso, la fiscal rechazó que exista prueba alguna que permita afirmar quién impulsó la creación del puesto ocupado por David Sánchez. Recordó, además, que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) señalaron durante la investigación que se desconoce el origen de la iniciativa para crear dicha plaza. Según la fiscal, los agentes de la UCO señalaron que “con base a la información de la que se ha tenido acceso se desconoce de quién partió la idea” o “iniciativa de la creación”, de manera que “se desconoce las personas que determinaron, que influenciaron, al parecer, o que determinaron la creación del puesto de trabajo”. Un puesto que, recordó la fiscal, ya existía y venía siendo ejercido hasta 2010, cuando se produce la escisión de los conservatorios.

García Boró subrayó igualmente que el puesto tenía antecedentes en la estructura de la Diputación y defendió la legalidad del procedimiento seguido para su provisión. Según explicó, la creación de la plaza fue aprobada por los órganos competentes sin que se presentaran recursos ni impugnaciones relevantes. Por todo ello, la Fiscalía concluye que no se ha acreditado ninguna actuación arbitraria o contraria a derecho.