Un fiscal ante el Supremo

Antecedentes. Álvaro García Ortiz, el todavía fiscal general del Estado, también conocido como fiscal del borrado, nació en Salamanca, estudió Derecho en Valladolid e hizo carrera en Galicia antes de llegar al infierno competitivo de Madrid. De su currículum profesional pretérito cabe destacar que ejerció como fiscal de medio ambiente en el Tribunal Superior de Justicia gallego, y en consecuencia asumió la acusación pública del caso Prestige en 2005. Su actuación en el sumario del hundimiento del buque le proporcionó cierta fama de progresista en el inmaculado mundo político-ambiental, climático y judicial del chapapote. De su trayectoria reciente ya se sabe que es muy amigo de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, y de su santo varón, el exjuez condenado por prevaricación Baltasar Garzón. Ortiz sustituyó a la señora de Garzón en la Fiscalía del Estado y la promocionó como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, nombramiento anulado por el Tribunal Supremo ante el conflicto de intereses entre Garzón y su esposa, dado que ese es el campo en el que ahora se desenvuelve el exmagistrado de la Nécora y los Gal.

Obra y milagros. El todavía fiscal general del Estado se ha convertido junto al presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, vitoreado y apaleado por ser partidario de manchar las togas con el polvo del camino en la lucha contra ETA, en el tercer pilar de la avanzadilla del control judicial del sanchismo.

El primer baluarte es el ministro de Justicia y de todo, Félix Bolaños, formando así un triunvirato lawfare de primer nivel. Pero su actuación partidista, y sobre todo, su papel de filtrador, borrador de whatsapp y experto en el cambiazo de móviles en el caso del novio de Ayuso le ha retratado como una “vergüenza” para la carrera fiscal, según sus propios compañeros, y le ha situado a un paso del banquillo por revelación de secretos que el Constitucional arreglará.

A la filtración con la famosa nota de prensa de un correo privado de la pareja de Ayuso, se suma su comportamiento durante el registro policial de la sede fiscal con el borrado de los mensajes relativos a los días en los que se produjeron los hechos. ¿A quién quiere proteger el fiscal García Ortiz? ¿Qué nombres figuran entre sus destinatarios y de quien o quienes eran los mensajes recibidos? ¿Resultará probado, como indica el juez Hurtado en su auto de imputación, que el fiscal del Estado circuló un correo con información reservada sobre el empresario González Amador “con salida de la Fiscalía y destino a presidencia del Gobierno”? ¿Serán condenados los miembros del Gobierno y algunos periodistas que siguiendo el relato del fango acusaron al novio de Ayuso de ser un “defraudador confeso”, términos que rechaza el propio juez del Supremo en su reciente auto?

Consecuencias. Que todo un fiscal general del Estado se haya visto obligado a comparecer esta semana como imputado investigado ante el Tribunal Supremo es una anomalía democrática que causa daño a la credibilidad del Estado de Derecho y prueba que el sanchismo no distingue la separación de poderes pues de la actuación de García Ortiz se deduce cohabitación entre el Ejecutivo y esa parte importantísima del Poder Judicial que es la Fiscalía.

La Ley de amnistía que los jueces se niegan a aplicar y que la mayoría de expertos considera inconstitucional, el blanqueamiento de la condena a los socialistas por parte del TC en el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de la democracia, así como otros intentos legislativos de convertir la Justicia en un instrumento político al servicio del sanchismo y sus socios conforman objetivamente una obstinada voluntad de sometimiento social, político y judicial que incurre en un alarmante déficit democrático.

Conclusiones. El frente judicial que acorrala a Pedro Sánchez y su Gobierno afecta a varios ministros, a la presidenta del Congreso, a quien fue su mano derecha en el PSOE, a su familia y al fiscal general del Estado.

Los casos Ábalos, Mascarillas, Hidrocarburos, Begoña y hermanísimo, así como las sospechas sobre el Delcygate y el más que probable juicio contra el fiscal del Estado tras su declaración de este miércoles no desaparecen con el relato ómnibus del sanchismo en su cruzada contra bulos, fango, extrema derecha y la realidad de una legislatura tormentosa e inviable.

Querer apropiarse de la agenda social como si los pensionistas, los afectados por la Dana y los usuarios del transporte fueran rehenes y al mismo tiempo colectivos agraciados por la generosa benevolencia del sanchismo y sus socios a alto coste para el bolsillo de los españoles denota una desesperada carrera por ganar tiempo mientras Sánchez marea la perdiz con la cuestión de confianza que tarde o temprano se celebrará en ese formato o como moción de censura. Pedro Ómnibus sabe que sobre su cabeza pesa la guillotina de un adelanto electoral, y su única obsesión es tratar de reproducir el Sánchestein a sabiendas de que las urnas derrotarán este régimen presidido por el prófugo Puigdemont, quien con 7 votos manda sobre Sánchez y el conjunto de los españoles.

El quid de la cuestión

Carles Puigdemont preside el Gobierno de España junto a Sánchez, gobierna desde el exterior huido de la Justicia e impone el debate sobre la cuestión de confianza reclamada por Junts a cambio del apoyo al troceado nuevo miniómnibus. El decreto no ha requerido votos de debajo de las piedras, sino que más bien se ha sustanciado con los votos del prófugo puestos encima de la mesa. Cualquier solución antes que el apoyo del PP en solitario comprometido por Núñez Feijóo con las pensiones, la Dana y los transportes. Sánchez desprecia a una gran mayoría para hacer equilibrios en la cuerda de Puigdemont, que le hace saltar la comba a su antojo con enorme irresponsabilidad y demasiadas cesiones por parte del presidente del Gobierno. La cuestión no es que a cambio del decreto Sánchez admitiera la tramitación y debate de la cuestión de confianza. La cuestión es que Pedro Ómnibus dijo que “no ve necesidad” de someterse a tal cuestión de confianza.

Ese es el verdadero quid de la cuestión, la verdadera razón de la cohabitación y el enredo que Puigdemont y Sánchez se traen con España. De momento, Pedro gana tiempo. Y Puigdemont también.

El modelo epistolar

María Blasco ha pasado de ser referente de la investigación contra el envejecimiento y contra el cáncer como directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas a una científica cuestionada ética, política y moralmente. El patronato del CNIO la ha cesado junto al gerente después de que Blasco negara una larga lista de presuntas irregularidades de gestión y acusaciones de acoso laboral y abuso de poder tras 13 años al frente del CNIO. Realmente la talla de Blasco no resiste comparación alguna con su antecesor Mariano Barbacid.

María Blasco se había atrincherado intentado dar la vuelta a la situación con una denuncia en la Fiscalía contra el director gerente del organismo.

Sin embargo, en el CNIO dicen que se ha pasado de frenada con su negativa a dimitir y comparando su situación a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Blasco también escribió su carta a la ciudadanía con el mismo relato caligráfico de su referente: “Sufro insultos, difamaciones y hasta amenazas de muerte debido a una campaña de bulos y desinformación para desprestigiar la ciencia”. Sólo le faltó echar la culpa a la extrema derecha.