La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos europeos en las pulseras antimaltrato
FONDOS BAJO LA LUPA
La investigación, iniciada en 2025 y apoyada por la UCO, analiza el posible uso fraudulento de fondos europeos destinados a adquirir los dispositivos y llega después de que el Tribunal de Cuentas detectara graves deficiencias en su contratación y funcionamiento
La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un posible fraude relacionado con fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar a maltratadores. Las pesquisas, iniciadas en 2025, han desembocado este jueves en distintas diligencias en las sedes del Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas.
La investigación está siendo desarrollada por la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid y cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes están requiriendo documentación relacionada con los contratos de adjudicación de estos dispositivos.
La EPPO ha confirmado que las actuaciones se enmarcan en una investigación por un presunto fraude que afecta a fondos europeos destinados a la compra de pulseras de monitorización para garantizar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.
Por el momento, el organismo europeo no ha detallado qué personas podrían estar siendo investigadas, qué cantidad de fondos estaría afectada ni el alcance concreto de las diligencias. La Fiscalía Europea ha señalado que no facilitará más información sobre el estado de las pesquisas.
Un contrato de 42,6 millones de euros
La investigación se produce después de que el Tribunal de Cuentas detectase graves deficiencias en la contratación y ejecución del sistema de pulseras telemáticas. El organismo fiscalizador analizó tres contratos formalizados en 2018, 2021 y 2023, con un importe conjunto de 102,6 millones de euros.
El último de ellos, adjudicado en 2023 por 42,6 millones de euros, fue financiado parcialmente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
El Tribunal de Cuentas señaló problemas en la preparación de las adjudicaciones, en el cambio entre empresas adjudicatarias y en la supervisión del servicio por parte del Ministerio de Igualdad.
Entre las incidencias detectadas estuvo la imposibilidad de acceder a datos históricos de geolocalización durante el cambio de empresa, una situación que dejó sin respuesta 123 requerimientos judiciales y que, según la Fiscalía General del Estado, contribuyó a numerosos sobreseimientos provisionales y fallos absolutorios.
Fallos en el funcionamiento de las pulseras
El organismo fiscalizador también documentó interrupciones del servicio, errores de geolocalización, retrasos en las reparaciones y problemas con las baterías de los dispositivos.
En concreto, algunas baterías apenas alcanzaban una semana y media de autonomía, frente a los seis meses que figuraban en las especificaciones técnicas de la oferta.
Además, una auditoría tecnológica externa encargada por el Ministerio de Igualdad en noviembre de 2025 detectó vulnerabilidades críticas en los dispositivos, entre ellas problemas que podían facilitar la manipulación de los sistemas de localización.
El Tribunal de Cuentas cuestionó asimismo el seguimiento realizado por el Ministerio de Igualdad sobre las obligaciones de la empresa adjudicataria y señaló que los requerimientos por incumplimientos fueron tardíos y que se aplicaron pocas penalizaciones.
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