El Gobierno estudia convocar elecciones generales tras la posible caída de los decretos de vivienda

El rechazo parlamentario a los reales decretos leyes de vivienda ha desencadenado un escenario de alta inestabilidad que sitúa el adelanto electoral en el centro de la agenda política. La falta de apoyos en la Cámara Baja, propiciada por el rechazo de Junts per Catalunya, que tilda las medidas de "expropiación del ahorro familiar", sumada a la oposición del Partido Popular y Vox, aboca a la derogación de las normas nacidas tras las intensas protestas sociales y la acampada de la Puerta del Sol.

Ante la evidente parálisis de la legislatura, miembros del propio gabinete y dirigentes del Gobierno contemplan ya la disolución de las Cortes. Lejos de ceder a las exigencias de la oposición para renegociar el texto, Moncloa ha rechazado dar un paso atrás, buscando visibilizar la votación en el pleno para convertir el veto en la bandera política de una hipotética campaña electoral centrada en las políticas residenciales.

Las ventanas del calendario electoral

De confirmarse la decisión de convocar comicios, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fija plazos estrictos para el procedimiento. La vía más rápida situaría la cita con las urnas el domingo 29 de noviembre, lo que requeriría tramitar la disolución en un Consejo de Ministros extraordinario e inscribirla en el Boletín Oficial del Estado un martes, respetando los 54 días reglamentarios que exige la norma.

Si el Ejecutivo descarta la vía de urgencia para evitar que la campaña o las votaciones interfieran con el parón navideño, la ventana de oportunidad se desplazaría a los meses de febrero o marzo. Por el contrario, en el escenario de que el Gobierno busque nuevos apoyos e intente agotar la legislatura, el tope legal máximo quedaría fijado en agosto de 2027, descartando en cualquier caso la unificación con las autonómicas y municipales del mes de mayo.