El Gobierno inicia la tramitación de la norma universitaria anulada por el Supremo

El Gobierno ha iniciado los trámites para aprobar de nuevo la normativa que endurece los requisitos para crear universidades en España, después de que el Tribunal Supremo anulase el real decreto aprobado hace un año por defectos en su procedimiento de elaboración.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, ha abierto una consulta pública previa entre el 15 y el 30 de octubre de 2026 para recabar las opiniones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de elaborar el nuevo texto.

La regulación que pretende recuperar el Ejecutivo mantiene las exigencias incluidas en el decreto anulado, que buscaba reforzar las garantías académicas, económicas y de investigación de los nuevos proyectos universitarios.

El Supremo anuló el decreto por defectos en su tramitación

El Tribunal Supremo anuló la norma tras estimar un recurso presentado por el Gobierno de las Islas Baleares. La sentencia consideró que la tramitación urgente no estaba debidamente justificada y que la omisión de la consulta pública previa carecía del respaldo legal necesario.

La decisión judicial no supuso un rechazo de los requisitos académicos por su contenido, sino la anulación del real decreto por la forma en que se había tramitado.

Ahora, el Ministerio busca aprobar de nuevo la regulación mediante un procedimiento que incluya la participación pública previa.

Un mínimo de 4.500 estudiantes y más inversión en investigación

Entre las principales exigencias que recogía el decreto anulado figura que las nuevas universidades cuenten con una masa crítica de al menos 4.500 estudiantes. La norma también reforzaba las garantías de solvencia económica mediante la acreditación de recursos suficientes para sostener el proyecto.

En el ámbito académico, el texto establecía que las universidades destinasen al menos el 5% de su presupuesto a investigación y que el 50% del profesorado tuviese el título de doctor. De este grupo, el 60% debía contar con una evaluación positiva y, al menos, un sexenio de investigación.

La propuesta también contemplaba un informe de evaluación preceptivo y vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias autonómicas equivalentes, además del informe de la Conferencia General de Política Universitaria.

Requisitos específicos para las universidades online

El decreto incluía condiciones particulares para el reconocimiento de universidades en línea. En estos casos, el procedimiento debía contar con la aprobación de las Cortes Generales y un informe vinculante de la ANECA.

Asimismo, los proyectos universitarios tendrían que comprometerse a disponer, a los tres años de funcionamiento, de plazas de alojamiento equivalentes al 10% de sus estudiantes.

El Gobierno alerta del crecimiento de nuevos proyectos universitarios

El Ministerio justifica la necesidad de la reforma por la expansión del sistema universitario, el aumento de las iniciativas para crear nuevas instituciones y el crecimiento de la enseñanza virtual.

A juicio del Ejecutivo, el marco normativo actual presenta limitaciones para garantizar unos estándares homogéneos de calidad docente e investigadora en todo el territorio.

Con la nueva regulación, el Gobierno pretende reforzar las garantías exigibles a los nuevos proyectos y evitar que se autoricen instituciones sin suficientes recursos académicos, económicos o de investigación.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. La norma todavía debe completar su tramitación, por lo que los requisitos recogidos en el decreto anulado no deben confundirse con una nueva regulación ya aprobada.