El Gobierno plantea subidas salariales para funcionarios

La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, trasladó a CCOO, UGT y CSIF la voluntad del Gobierno de cerrar un nuevo acuerdo plurianual que incluya subidas salariales con un componente fijo y otro variable, con el fin de que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo. Según el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública, la negociación busca no solo mejoras retributivas, sino también medidas organizativas “que repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía”.

“Queremos caminar junto a las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, que ofrezca servicios de atención personalizados, que diseñe políticas públicas que mejoren la vida a la ciudadanía y que esté mejor preparada para afrontar la innovación y la adaptación a la doble transición, digital y verde”, afirmó Sánchez Naranjo.

La secretaria de Estado defendió que el nuevo acuerdo debe servir para modernizar la Administración, reforzar la estabilidad laboral y consolidar derechos como la jornada de 35 horas semanales o la carrera profesional en todos los niveles del empleo público. También insistió en la necesidad de fortalecer el reconocimiento del trabajo público y atraer talento joven para garantizar la continuidad del servicio.

Durante el encuentro, las partes acordaron un calendario de reuniones semanales con el propósito de elaborar un texto que se llevará a la Mesa General de Negociación “en cuanto sea posible”.

UGT explicó que el trabajo se organizará por bloques y que, aunque todavía no hay una cifra concreta sobre las subidas, el pacto cubrirá tres años. Los sindicatos exigen que el incremento salarial de 2025 sea “con carácter retroactivo desde enero” y advirtieron que no permitirán una “subida cero” ni la congelación de sueldos.

Acuerdo para la sociedad

“Este tiene que ser un acuerdo no solamente para los tres millones y medio de empleados y empleadas públicas, sino para los servicios públicos y para la ciudadanía de este país”, declaró la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. La sindicalista valoró positivamente la actitud del Ministerio y señaló que la negociación “ha empezado con un clima de entendimiento”.

Desde CSIF, el secretario nacional de Acción Sindical, Francisco Lama, anunció que el 19 de noviembre Función Pública presentará una propuesta económica concreta, que “corrija el IPC de 2025” y contemple fondos adicionales para reducir desigualdades retributivas entre administraciones y recuperar poder adquisitivo.

CSIF también planteó la creación de un plan estratégico de recursos humanos que garantice el relevo generacional ante las jubilaciones masivas que se prevén en la próxima década.

Última subida del 10%

El encuentro permitió reactivar las negociaciones después de las movilizaciones de funcionarios de la semana pasada y ante la amenaza de huelga general convocada por las organizaciones sindicales para diciembre. El Ministerio valoró positivamente la reanudación del diálogo y se comprometió a “escuchar y estudiar todas las reivindicaciones” para alcanzar un consenso.

El último acuerdo salarial, vigente entre 2022 y 2024, fijó una subida total de en torno al 10% e implicó un gasto cercano a 13.000 millones de euros. Ese pacto sirvió de base para el nuevo proceso de diálogo, que busca un equilibrio entre la sostenibilidad de las cuentas públicas y la mejora del poder adquisitivo.

Las movilizaciones se retomarán si no llegan a un acuerdo

Los sindicatos valoraron de forma positiva el inicio del nuevo proceso de negociación con el Gobierno, aunque advirtieron que las movilizaciones dependerán del avance real de las conversaciones. “De momento desconocemos la letra pequeña de esa propuesta que nos han dicho hoy”, señalaron desde una de las organizaciones, que subrayó que mantendrán la presión hasta ver resultados concretos y avances palpables en materia salarial y de condiciones laborales. Consideran que el Ejecutivo debe ofrecer garantías claras de cumplimiento y un calendario definido para la aplicación de las medidas acordadas.

Desde CCOO expresaron que afrontan esta etapa con “actitud constructiva” y voluntad de “acuerdo”, pero recordaron que serán “exigentes” y que, si no se cumplen los objetivos sindicales, se retomarán las protestas ahora suspendidas. En su comunicado, el Área Pública de CCOO reprochó al Ejecutivo la “tardanza” en reabrir el diálogo, aunque valoró que se aborden cuestiones como una subida salarial por encima del IPC, la recuperación del empleo perdido y la revisión de las condiciones laborales recortadas entre 2010 y 2012.

El sindicato también urgió al Gobierno a cumplir los compromisos pendientes del “caducado” Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que incluye la jubilación parcial, la jornada de 35 horas, el teletrabajo y la modernización del Servicio Exterior, advirtiendo que el cumplimiento de estos puntos será determinante para consolidar un acuerdo estable y creíble.