El Gobierno veta los fritos y precocinados en los menús de hospitales, residencias y escuelas infantiles

El Consejo de Ministros da luz verde este martes al nuevo real decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, que redefinirá de raíz los estándares de alimentación en los servicios públicos. La regulación afectará directamente a los comedores y cocinas de hospitales, residencias de la tercera edad, centros de atención a personas dependientes y escuelas infantiles de 0 a 3 años, así como a universidades, museos y bibliotecas de gestión pública.

El documento impone un severo cerco a los platos industriales y a los ingredientes con exceso de grasas saturadas, azúcares y sal. Los alimentos precocinados quedan restringidos por normativa a un máximo de tres raciones al mes en centros sociosanitarios y residencias de mayores, un tope que se vuelve todavía más rígido en el caso de las escuelas de 0 a 3 años y los menús pediátricos de los hospitales, donde solo se permitirá una ración mensual. Por su parte, el consumo de frituras se limita a un máximo de dos veces por semana. La intervención llega también a los pasillos de estos edificios: las máquinas de "vending" instaladas en cualquier centro público deberán ofrecer obligatoriamente al menos un 70% de productos y bebidas saludables.

En contrapartida, la orden ministerial blinda la presencia de materias primas sin procesar: al menos el 90% de la fruta y el 30% de las hortalizas deberán ser frescas y de temporada, exigiendo además que más del 10% proceda de canales cortos de comercialización y productores de cercanía. Para quienes reciban pensión completa, el menú pautará un consumo mínimo de tres porciones de hortalizas diarias y entre dos y tres piezas de fruta cada jornada.

El refuerzo nutricional contempla asimismo una mayor presencia de proteína vegetal y marina. Los menús diarios deberán incluir al menos un plato principal de legumbres a la semana (cuatro raciones semanales en estancias de pensión completa) y un mínimo de dos raciones semanales de pescado, alternando de forma equilibrada especies blancas y azules. Además, la mitad de los carbohidratos servidos —como arroz, pan y pasta— tendrá que ser de grano integral. Para cerrar el ciclo de compra pública sostenible, el texto determina que el 25% del gasto total en alimentos se destine a productos de producción ecológica y que todas las planificaciones alimentarias cuenten con la firma y supervisión directa de profesionales de la dietética y la nutrición.