El Gobierno prevé limitar las máquinas "vending": la comida de los hospitales eliminará ultraprocesados

El Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros el real decreto para fomentar una alimentación más saludable y regular la oferta de ultraprocesados en hospitales y residencias, así como en escuelas de 0 a 3 años, confirmaron fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Precisamente, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró durante la rueda de prensa presentación del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en octubre, que se trata, “probablemente”, de “la medida más importante” que le queda por aprobar. Según precisó el ministro, la alimentación que se recibe en un momento “particularmente vulnerable”, como cuando uno está hospitalizado o en una residencia, va a “dejar de ser una variable para obtener lucro o reducir los costes”. Si bien, reconoció que la norma “genera fuertes resistencias porque hay lobbys que no tienen mucho interés” en que se apruebe, pero insistió en que estaba ya “lista”.

Según los detalles del texto del real decreto publicados a finales de 2025, los ultraprocesados deberán limitarse en estos centros a un máximo de dos raciones semanales siempre que haya un régimen residencial o pensión completa, y a un máximo de una vez por semana en desayunos y meriendas. Además, la medida garantizará un 90% de frutas y hortalizas frescas y menús variados, y obligará a que al menos un 80% de los productos de las máquinas “vending” de estos espacios sean saludables. Al mismo tiempo, tal y como explicó el ministro, quiere extender al primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) las pautas del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado el 15 de abril de 2025, por el que prohíbe servir bebidas azucaradas y bollería en los centros escolares.

El real decreto indica que todos los centros escolares con comedor deben garantizar a los estudiantes un consumo diario de fruta y verdura fresca, especificando que al menos el 45% de la fruta y hortalizas que se sirvan sean de temporada; entre una y tres raciones de pescado a la semana, y al menos una ración de arroz o pasta integral, además de varias de pan integral. Mientras, las comidas como pizzas, empanadillas o frituras que sean precocinadas se podrán servir una vez al mes como máximo, y las frituras que se elaboren en el día (que no procedan de productos precocinados) podrán servirse una vez a la semana como máximo.

Asimismo, el texto legal estipula que las instituciones sanitarias y sociosanitarias deberán facilitar agua potable gratuita en fuentes públicas y garantizar que los menús ofrezcan opciones adaptadas a necesidades dietéticas específicas, alergias o intolerancias diagnosticadas, estableciendo un sistema de auditorías periódicas para supervisar su cumplimiento efectivo.

La nueva normativa incentivará el consumo de productos frescos

La regulación sobre la oferta alimentaria en hospitales, residencias y centros educativos busca transformar la nutrición institucional al restringir ultraprocesados y fijar cuotas de productos frescos. En el ámbito social, la norma incide en sectores con menor capacidad de elección: pacientes ingresados, adultos mayores institucionalizados y población infantil. Estos colectivos dependen íntegramente del servicio de comedor asignado. Establecer pautas dietéticas uniformes busca mitigar patologías vinculadas al consumo de azúcares y grasas saturadas, además de evitar que los recortes presupuestarios repercutan en la composición del menú.

Diversas organizaciones civiles y sanitarias manifestaron su postura ante estas disposiciones. Entidades civiles como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), entidad privada e independiente sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos de la ciudadanía en el mercado, valoran la exclusión de productos industriales en entornos asistenciales. Sin embargo, plataformas como Justicia Alimentaria señalan que la efectividad dependerá de la fiscalización real en las cocinas y de la dotación económica en los contratos de suministros. Al mismo tiempo, patronales de la restauración colectiva expresan reservas respecto a los costes logísticos, mientras asociaciones médicas insisten en considerar la alimentación como parte del tratamiento.