El Juzgado pide a Juana Rivas que entregue a su hijo menor

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada emplazó a Juana Rivas a cumplir la orden de reintegro de su hijo menor, cuya custodia tiene el padre, el italiano Francesco Arcuri, y que permanece en España con la madre desde finales del pasado año tras denunciar presuntos malos tratos del progenitor. “Apreciada la controversia en la que se encuentra inmerso y el tiempo de permanencia en España”, se acordaron medidas para facilitar “el tránsito tranquilo del menor y su traslado a Italia, realizándolo de la forma más adecuada a su edad e interés”, señalándose la comparecencia para el próximo martes, 22 de julio, de 10:00 a 11:00 horas, para dar “cumplimiento a la orden de entrega del menor a su progenitor dictada por el Tribunal de Apelación de Cagliari”, en Italia.

Las autoridades judiciales españolas coordinan este procedimiento con los servicios de protección de menores. También se prevé la intervención de personal especializado en infancia. Así consta en un auto fechado el 14 de julio, consultado por Europa Press. Desde la representación legal de Francesco Arcuri en España, llevada por el abogado Enrique Zambrano, se pidió expresamente a los medios que “no se manifieste el lugar de entrega” del niño para proteger sus derechos.

El Juzgado de Familia, en un auto de instancia, no tomó una decisión propia, sino que ejecutó la resolución del tribunal italiano, y desestimó la última petición de Rivas de escuchar al menor antes de ejecutar la orden de vuelta con el padre.

El juez argumentó que no se negó la audiencia por falta de juicio del menor, sino porque “la audiencia no es un medio de prueba sino una diligencia que no resulta inocua para éste y no se debe abusar de ella”.

Respeto al menor

Se estimó que la ejecución del decreto del Tribunal de Apelación de Cagliari, que concede al padre la guarda y custodia y ordena la restitución del menor a su país de residencia habitual, “no es contraria al orden público español ni al superior interés del niño”.

En nota de prensa, Aránguez Abogados, que representa legalmente a Juana Rivas, afirmó el pasado viernes que, cuando escuchan al niño “en condiciones de libertad y sin intimidaciones”, comprenden “la gravedad de la situación”. La petición, que invoca el “interés superior del menor”, se produjo tras la orden del 7 de julio de la Corte de Apelación de Cagliari que exige la devolución del menor al padre.

Desde Aránguez Abogados aseguraron que ejercerán “todas las acciones legales” para “proteger el interés del hijo menor de Juana Rivas, pues resulta contrario al sentido común que un niño sea entregado a quien está siendo acusado por maltratarle”. También adelantan que presentarán escritos ante organismos internacionales si lo consideran necesario.

La defensa tiene 20 días para apelar

Contra el auto que rechaza la petición de suspensión de la entrega del menor a su padre por decisión del Tribunal de Apelación de Cagliari, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada en el plazo de 20 días desde la notificación, que se produjo este miércoles.

El pasado enero, la autoridad judicial suspendió en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo tras declarar el menor que había sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrar “el terror” de regresar a su lado.

Esa decisión judicial respondió a una solicitud de los abogados de Juana Rivas, quienes pidieron la suspensión temporal hasta esclarecer los hechos.

La Audiencia de Granada confirmó en marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada que acordó en febrero remitir el expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de Cagliari para investigar los presuntos malos tratos denunciados. Esta remisión se basó en los convenios internacionales de cooperación judicial entre ambos países.

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, después de que en verano de 2017 estuviera un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo resoluciones judiciales que la obligaban a entregarlos al padre. La pena se redujo de 5 años a 2 años y 6 meses, al considerar que cometió un único delito, aunque fueron dos menores sustraídos. Uno de los hijos ya es mayor de edad y reside en España.