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ARTÍCULO 128
La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha reclamado este lunes revertir la liberalización del sector ferroviario y recuperar su control público mediante la aplicación del artículo 128 de la Constitución.
La dirigente considera que la entrada de empresas privadas en la gestión de servicios esenciales está poniendo en peligro la seguridad de los usuarios y ha defendido la renacionalización del sistema ferroviario.
Montero ha realizado estas declaraciones tras reunirse con representantes del Sector Federal Ferroviario de CGT, con quienes ha abordado las reivindicaciones que los trabajadores de Renfe, Adif, los maquinistas y el personal de los centros de control llevan años planteando para mejorar la seguridad y el funcionamiento del sistema.
“Además de la dimisión del ministro, que es un consenso social que debe dimitir, aquí la cuestión de fondo es la liberalización”, ha afirmado. A su juicio, el transporte ferroviario constituye un derecho fundamental cuya gestión y seguridad deben quedar garantizadas desde el sector público.
La dirigente de Podemos ha defendido que el artículo 128 de la Constitución permite situar bajo control público servicios esenciales para la ciudadanía y ha señalado que el ferrocarril debe dejar de estar condicionado por los intereses económicos de las empresas privadas.
Montero ha asegurado que los trabajadores y los sindicatos ferroviarios llevan años advirtiendo de los problemas de seguridad derivados de la liberalización. En este sentido, ha denunciado que numerosos servicios de mantenimiento, prevención, control y señalización se encuentran externalizados y dependen de compañías privadas.
La dirigente ha cuestionado que empresas privadas cuyo objetivo es maximizar sus beneficios puedan garantizar las inversiones necesarias en seguridad cuando estas entran en conflicto con sus intereses económicos.
“¿No nos damos cuenta del grave peligro que supone dejar en manos de empresas que solo buscan maximizar beneficio un derecho y un servicio fundamental como es el ferrocarril?”, ha planteado.
Preguntada por la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, prevista para este martes en la Diputación Permanente del Congreso, Montero ha reclamado que se deje de “culpabilizar a un trabajador” por el accidente y que se investigue el papel de las empresas privadas que obtienen beneficios del sistema ferroviario español.
En concreto, ha pedido explicaciones sobre las constructoras y las compañías encargadas del control y la señalización, así como sobre los cánones que pagan los operadores por utilizar las vías ferroviarias.
Según ha asegurado, estos cánones son inferiores al gasto que genera la utilización de las infraestructuras, por lo que ha reclamado transparencia sobre el funcionamiento económico del sistema.
“Yo esperaría esa honestidad. Eso es lo mínimo exigible. Y que podamos ir al fondo del asunto. Y, por tanto, primero la dimisión y acto seguido aplicación del 128 de la Constitución”, ha defendido.
La eurodiputada ha responsabilizado tanto al Partido Popular como al Partido Socialista de la liberalización del sector ferroviario durante las últimas décadas.
“El Partido Popular y el Partido Socialista no son lo mismo, pero cuando se trata de privatizar votan igual”, ha afirmado, recordando que ambas formaciones respaldaron en 2019 el último paso de la liberalización ferroviaria.
Montero ha concluido reclamando que el transporte ferroviario quede al margen de los intereses empresariales y que la seguridad de los usuarios sea la prioridad.
“Si se quiere hacer negocio, que se haga con relojes o con vinos, no con el sistema ferroviario, no con el transporte, no con la seguridad de la gente”, ha sentenciado.
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