El juez ve a Hacienda como “potencial perjudicada” por las joyas halladas en el despacho de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ofreció a la Agencia Tributaria personarse en la causa sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al considerarla “potencial perjudicada”. Así lo acordó Calama en un auto, en el que indica que la naturaleza de los hechos investigados pueden ser “constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando”, los mismos por los que investiga a Zapatero en una pieza separada de la causa.

Este extremo “revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde” a la Agencia Tributaria, abunda. Por ello, Calama sitúa a Hacienda “como potencial perjudicada” y, por tanto, la ve legitimada para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes. La joyería Ansorena, a la que Calama solicitó una tasación, valoró en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas por la Policía Nacional en una caja fuerte del despacho de Zapatero.

Calama ordenó el análisis de las joyas para “determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición”, así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hizo sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque “otros datos analíticos de interés”, agregó. Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a “regalos de viajes”.

Por otro lado, rechaza que la empresa Softgestor pueda personarse en la causa “al no existir conexión material entre su posición procesal y los hechos examinados, ni riesgo alguno de afectación de sus derechos de defensa”.

Proteger sus datos

Por otra parte, el expresidente del Gobierno reclamó al juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama que adopte una serie de medidas para evitar la “difusión masiva e indiscriminada” de sus datos personales. Lo hizo en un escrito, en el que el exlíder socialista insta a “la expulsión de este procedimiento” del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que aparecían conversaciones con su secretaria, Gertrudis Alcázar, por “tratarse de una actividad ajena al perímetro” de la causa, a su juicio.

Zapatero lo pide después de que la UDEF presentara un informe al juez Calama en el que apuntaba que el expresidente habría cobrado 200.000 euros a cambio de mediar con el Ejecutivo de Bolivia, presidido en ese momento por Luis Arce, para solucionar litigios económicos en ese país de una empresa peruana. En los anexos del informe aparecían sus agendas íntegras de 2024 y 2025 y un millar de páginas de conversaciones de WhatsApp con su secretaria, que fueron desgranados por varios medios de comunicación. Por este motivo, el juez Calama acordó investigar el origen de la filtración y limitar el acceso a las diligencias del proceso de instrucción.