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Cuatro de ellos fueron arrestados en Madrid, uno en Murcia y otro en Barcelona, en una operación en la que se practicaron once registros en varios inmuebles de estas provincias. Según la Policía, los detenidos realizaban labores para el sostenimiento de la actividad armada en su país de origen y colaboraban en los aparatos de logística y propaganda que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) mantiene en Turquía y países europeos.
Al parecer, los miembros del PPK extorsionaban a compatriotas y cobraban una especie de 'impuesto revolucionario' o 'comisión ilegal'. Con esos fondos adquirían armamento y material explosivo para sostener la guerrilla del PKK.
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