A juicio el acusado de hacer 8.000 fotos a niños desnudos en playas y crear pornografía con IA

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzga este jueves 1 de octubre a un hombre acusado de tomar más de 8.000 fotografías y vídeos a menores desnudos en las playas de Santander y elaborar pornografía infantil mediante Inteligencia Artificial. La vista oral se celebra después de que el procesado rechazase en la audiencia preliminar un acuerdo de conformidad ofrecido por la Fiscalía que reducía a siete años la pena de cárcel. Al no admitir los hechos, el acusado se sienta en el banquillo enfrentándose a la petición inicial del Ministerio Público, que asciende a diez años de prisión por delitos continuados de elaboración y posesión de pornografía infantil y atentado a la autoridad.

Según el escrito de acusación, el procesado acudía de forma reiterada a los arenales de la capital cántabra provisto de varias cámaras para fotografiar y grabar a niños menores de 16 años que se bañaban o jugaban ajenos a su presencia. El material captado año tras año era almacenado en discos duros en su domicilio. Junto a las imágenes reales, los investigadores hallaron en su ordenador archivos creados mediante herramientas de Inteligencia Artificial, en los que se representaba de forma hiperrealista a menores de edad en actitudes explícitas para su propio uso.

Los hechos salieron a la luz en julio de 2024, cuando el acusado fue detectado desde los Jardines de Piquío, en la playa de El Sardinero, mientras enfocado hacia los genitales de varios menores. Tras ser observado por un agente de movilidad que alertó a la Policía Local, el sospechoso huyó y subió a un autobús urbano. Al ser localizado en el interior del vehículo, se negó a descender, reaccionó de forma violenta y agredió a un agente mientras intentaba borrar el material de la cámara.

Además de la pena de prisión, el fiscal solicita 18 años de inhabilitación para cualquier profesión o actividad que implique contacto con menores, 13 años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad o tutela y diez años de libertad vigilada.