Justicia publica 700 plazas de jueces, fiscales y magistrados en la mayor convocatoria de empleo público en España

RÉCORD EN LA JUSTICIA

Una convocatoria sin precedentes refuerza la Justicia en España con 700 plazas de jueces, fiscales y magistrados, en la mayor oferta de empleo público de la historia del sistema judicial

Edificio judicial que alberga los juzgados de la calle Velázquez, en Ourense en una iamgen de archivo. | La Región

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este 15 de junio de 2026 una macroconvocatoria de empleo público sin precedentes para cubrir 700 plazas de jueces, fiscales y magistrados, en lo que el Ejecutivo califica como el mayor refuerzo de la carrera judicial de la historia reciente.

En concreto, se convocan 575 plazas por oposición (375 para jueces y 200 para fiscales), cuyo proceso selectivo comenzará en octubre, además de 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, un concurso-oposición dirigido a juristas de reconocida trayectoria con más de diez años de ejercicio profesional.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes destaca que esta oferta supone más del triple de las plazas convocadas en 2025 y una cifra muy superior a la de periodos anteriores, como entre 2012 y 2016, cuando apenas se ofertaron 350 plazas en cinco años. Desde 2018, el Ejecutivo asegura haber impulsado un total de 2.515 plazas de jueces y fiscales, triplicando las convocadas en las dos legislaturas anteriores.

Paralelamente a la macroconvocatoria, el Gobierno ultima la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, lo que supondrá una ampliación sin precedentes de la plantilla judicial y fiscal. Según el Ejecutivo, la medida permitirá un incremento del 8,5% en la carrera judicial y del 7,1% en la fiscal, que no había registrado crecimientos de esta magnitud en las últimas décadas.

Esta expansión se enmarca en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que impulsa un nuevo modelo organizativo basado en tribunales de instancia y estructuras más centralizadas, con el objetivo de agilizar los procesos y reducir costes frente al sistema tradicional de juzgados unipersonales.

El Gobierno subraya que la distribución de plazas responde a criterios objetivos como la litigiosidad y la población, y que la iniciativa forma parte de una transformación global del sistema judicial orientada a su modernización, digitalización y refuerzo de recursos humanos.