La ley de multirreincidencia pone coto a pequeños robos

La modificación del Código Penal con la ley de multirreincidencia que condena a entre uno y tres años de prisión a quien haya sido condenado firmemente por más de tres hurtos o delitos menos graves entra este viernes en vigor tras ser aprobada en el Congreso con los votos favorables de PSOE, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. La entrada en vigor se produce tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la citada Ley y del Código Penal donde se señala que éstos cambios entran en vigor al día siguiente de ser publicados, es decir, hoy.

La iniciativa presentada por la formación liderada por Carles Puigdemont en el año 2024 salió adelante el pasado 26 de marzo con los votos de la oposición, tras estar durante meses en un cajón hasta que en el mes de marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales y a mediados de febrero del año siguiente se llevara a debate en la Cámara Baja y posteriormente a votación.

Entre las primeras enmiendas y la primera votación en el Parlamento, la reforma volvió a guardarse por la disconformidad de los socios del Gobierno, pero la ruptura del diálogo con el Ejecutivo anunciada por Junts llevó al PSOE a acceder a reactivarla y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta reforma legislativa. A su vez, los socios minoritarios en el gabinete de ministros, Sumar, junto con algunos socios habituales del Gobierno en la Cámara de los diputados -Bildu, Podemos, BNG y Compromís- se opusieron a la reforma, al tiempo que ERC se abstuvo durante la votación.

Durante su tramitación en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, el PSOE y Junts ya habían alcanzado acuerdos para castigar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles y endurecer las penas para determinados delitos de estafa. Después, tras pasar por el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta, se aprobó definitivamente tanto la enmienda que fija penas de prisión de seis a 18 meses o multas de uno a dos años para quien defraude energía para el cultivo de marihuana, como la que prevé castigar con entre tres y cinco años de prisión el llamado “petaqueo”, vinculado al suministro de combustible a narcolanchas.

Veto a una propuesta del PP

No obstante, se vetó otra propuesta del PP que exigía al Gobierno ampliar en dos años las plazas de Fiscalía de área, provinciales y de comunidad autónoma a razón de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000. El Gobierno podría haber perdido la votación de estas dos enmiendas en el Congreso, pero no llegaron a votarse porque Moncloa vetó su tramitación alegando que suponían un sobrecoste presupuestario. El veto fue aceptado en la Mesa de la Cámara Baja por la mayoría que reúnen el PSOE y Sumar, que avalaron que el Ejecutivo hiciera uso de su facultad para frenar el debate de propuestas que supongan un incremento de gasto presupuestario o una merma de ingresos.