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PACTO CON JUNTS
Más de un centenar de policías nacionales y guardias civiles se manifestaron este miércoles frente al Congreso de los Diputados, en Madrid, para protestar contra el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con el partido independentista Junts, que delegaría en Cataluña competencias relacionadas con el control de fronteras y la migración.
El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, aseguró que lo que está en juego es mucho más de lo que el Gobierno ha admitido, ya que, según él, esta cesión implica otorgar las competencias de fronteras y control migratorio a una policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, lo que consideró una grave amenaza a la unidad de España. Fernández se mostró escéptico ante las palabras del ministro Marlaska, quien había insistido en que el pacto con Junts no afectaba al control de fronteras ni a los flujos migratorios irregulares.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, también se sumaron a las críticas, apoyando a los manifestantes y cuestionando el acuerdo con Junts. Feijóo resaltó que el pacto con Junts es "malo para Cataluña" y "malo para la soberanía nacional". Durante la protesta, los agentes encendieron bengalas de humo y lanzaron petardos, además de mostrar muñecos y símbolos que representaban el entierro de la Policía Nacional en Cataluña y un muñeco de Puigdemont vestido como policía.
Los manifestantes consideran que este acuerdo representa una traición al Estado de derecho y a la unidad de España, y han adelantado que continuarán con las movilizaciones si el Gobierno no da marcha atrás. Además, han exigido que se respete la ley y la soberanía nacional, señalando que el control migratorio debe seguir siendo competencia exclusiva del Estado.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también salió al paso de las críticas y defendió que las funciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional no se verían afectadas por el pacto. Sin embargo, la protesta ha dejado claro que los agentes no confían en las promesas del Gobierno y que están dispuestos a seguir luchando contra lo que consideran una peligrosa cesión de competencias que debilita la seguridad nacional.
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