Montoro: pagos fuera del país y comisiones de 50 millones

Los investigadores del “caso Montoro” sostienen que en el periodo investigado, entre 2008 y 2017, el beneficio neto de Equipo Económico y Global Afteli ascendió a 47.981.629,9 euros. También sospechan que Equipo Económico (EE) y sus socios crearon una red de “empresas instrumentales” para ocultar los presuntos beneficios obtenidos a cambio de usar su influencia en el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, para favorecer a determinadas compañías, indicando que el dinero de los supuestos pagos podría haber acabado fuera de España.

Las pesquisas llevaron a la imputación de más de una treintena de personas, Montoro incluido, por los presuntos favores políticos a empresas, sobre todo gasísticas, de acuerdo con el sumario de la causa. En dicho informe, el fisco plasma que el despacho se creó en 2006 como Montoro y Asociados y dos años después cambió a Equipo Económico. En concreto, se constituyó en 2006 con un capital social de 60.000 euros dividido en 6.000 participaciones con un valor nominal de 10 euros. Entre los socios constaban Montoro, con el máximo porcentaje (un 30%), y otros seis socios, incluido el ex ministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, con un 5%.

Pronto, el 17 de octubre de 2007, Montoro compró participaciones a otro socio pasando a ostentar un 38% del capital social. Y, poco después, el 10 de diciembre de 2007, vendió esas 480 participaciones que había adquirido.

A Hacienda le “llama la atención” no solo “el breve lapso de tiempo transcurrido entre la compra y venta de este paquete de participaciones”, sino que “en su declaración de IRPF de 2007 no consta venta alguna de acciones o participaciones”.

Participaciones

Además, Hacienda reflejó que el 15 de abril de 2008 Montoro transmitió 1.080 participaciones de EE a Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos durante el Gobierno de José María Aznar, y 720 a su hermano Ricardo Montoro.

La Agencia Tributaria explicó que ninguna de estas operaciones se declaró en IRPF porque “el precio de transmisión de las participaciones de EE era el mismo que el de adquisición (10 euros)”, no habiendo, por tanto, ganancia.

Sin embargo, reveló que, en un procedimiento de comprobación que hizo al hermano de Montoro por el IRPF de 2012, la propia Hacienda, basándode en las cifras declaradas por la propia sociedad, dedujo que “este valor supondría un precio unitario de venta de 226,96 euros” frente a los 10 euros declarados.

Hacienda añadió que “también se dispone del valor otorgado por alguno de los socios de EE en las escrituras de capitulaciones matrimoniales otorgadas en diciembre de 2015”, que conducirían a 625 euros por participación social.

Con todo, cree que “los parámetros económico-financieros de la empresa/valor de mercado” indiciariamente “alejarían dicho valor declarado en el IRPF de 10 euros de un precio razonable de venta de las participaciones entre partes independientes”.

Además, la Agencia Tributaria se hace eco de un informe emitido por los Mossos d’Esquadra en diciembre de 2019 donde se concluía que “la transmisión de las participaciones sociales de los miembros políticos del despacho Equipo Económico se realizó por el valor nominal de las mismas y no por el valor neto del patrimonio de dicha sociedad”.

Cambio de rumbo en 2015, cuando aparecieron las primeras noticias

Los Mossos advertían de que “a partir del ejercicio 2015 se produjo una significativa disminución del importe neto de la cifra de negocios de la principal empresa investigada y de las empresas vinculadas”, anudando que “esta simultaneidad en el cese de la actividad carece de una explicación económica, puesto que hasta ese momento, todos los ratios de rentabilidad de las empresas eran elevados y su salud financiera era buena”.

Los investigadores lo vincularon a que “en el primer semestre de 2015 comenzaron a aparecer noticias en prensa denunciando estos hechos”. “Presuntamente como reacción a estas noticias, las personas investigadas habrían desmantelado esta estructura traspasando la actividad profesional a otro despacho llamado Global Afteli y constituyendo otras sociedades mercantiles interpuestas que garantizarían la continuidad de sus actividades presuntamente ilícitas”, precisaron.

Detallaron incluso que “algunas de las empresas investigadas tuvieron una actividad financiera importante habiendo en algún caso realizado inversiones en empresas del grupo”. Y, “dentro del resultado financiero existen cifras declaradas por diferencias de cambio”, hecho que “podría estar motivado por operaciones realizadas en el exterior de España”, alertaron.

Hacienda recoge otro informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, emitido en abril de 2021, donde se hablaba de “empresas supuestamente instrumentales de los socios”.