El Partido Popular exige a Bruselas auditar las inversiones ferroviarias

El Partido Popular reclama que la Comisión Europea examine la ejecución de las inversiones financiadas con dinero comunitario, los controles de mantenimiento y modernización ferroviaria y el cumplimiento de las obligaciones europeas en materia de seguridad. La iniciativa se presentó a raíz de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y el recientemente ocurrido en Urda (Toledo), que se cobró la vida de 69 personas.

Los eurodiputados populares, encabezados por su secretaria general, Dolors Montserrat, registraron una batería de preguntas parlamentarias para saber si las inversiones anunciadas por el Ejecutivo y financiadas con fondos europeos se tradujeron realmente en infraestructuras y sistemas de protección plenamente operativos.

El PP considera que la sucesión de interrogantes sobre la ejecución de las inversiones, el funcionamiento de los sistemas de protección y la supervisión del gasto europeo obliga al Gobierno a ofrecer explicaciones ante la Comisión Europea. Asimismo, sostiene que las instituciones europeas deben comprobar que los compromisos declarados por España se corresponden con actuaciones efectivamente realizadas y que el dinero de los contribuyentes se destinó a los fines para los que fue concedido.

Los populares reclaman así transparencia, auditorías y una revisión "exhaustiva" de las inversiones ferroviarias, además de la "asunción de responsabilidades" si las investigaciones acreditan algún tipo de irregularidad.

En concreto, piden a Bruselas que examine el cumplimiento del hito 87 del Plan de Recuperación, las deficiencias en los procedimientos de seguridad ferroviaria y la responsabilidad de las autoridades españolas en la gestión de los fondos europeos. También solicitan información detallada sobre los fondos comunitarios destinados a los contratos investigados por la Fiscalía Europea tras los accidentes de Adamuz y Urda, así como sobre el grado real de ejecución de las inversiones en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El objetivo es conocer cuánto dinero europeo se destinó a los contratos objeto de investigación, qué comprobaciones se realizaron para verificar que los trabajos se ejecutaron correctamente y si Bruselas prevé llevar a cabo auditorías específicas y exigir la devolución de los fondos en caso de confirmarse un uso irregular.

Los populares preguntaron también por el contrato adjudicado por Adif a Thales en septiembre de 2021, por 93 millones de euros, para renovar los sistemas de señalización y protección de la línea Madrid-Sevilla, incluida la sustitución del sistema LZB. Según recogió la iniciativa, el plazo de ejecución finalizaba en enero de 2026 y, sin embargo, diez meses después el LZB continuaba operativo. Además, el partido pidió a la Comisión que compruebe si las actuaciones estaban realmente terminadas, instaladas, probadas y disponibles para la explotación ferroviaria cuando el Gobierno declaró cumplido el hito 87 del Plan de Recuperación, un compromiso necesario para desbloquear nuevos desembolsos.

También solicitan a la Comisión que verifique si los mecanismos de supervisión españoles cumplen la normativa comunitaria y si los procedimientos de circulación en condiciones degradadas se ajustan a las exigencias establecidas.