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Alerta sanitaria
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes al mediodía el decreto del estado de alarma en toda España durante 15 días ante la expansión del coronavirus COVID-19.
Las medidas concretas se anunciarán tras un Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar mañana, sábado 14 de marzo. Sánchez se ha comprometido a llamar a los presidentes autonómicos esta tarde, a los que traslada su "gratitud" y su "comprensión".
"Estamos en la primera fase de un combate", ha apuntado Sánchez, y ha añadido: "nos esperan días muy duros, y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos los 10.000 afectados"
Ha enviado también un mensaje especial a los mayores y a las personas con enfermedades cronica: -"deben protegerse al máximo"- y a los jóvenes, que tienen "una misión decisiva", porque pueden actuar como transmisores: su colaboración -añade Sánchez- es "decisiva", manteniendo la distancia social.
El presidente español ha asegurado que "la victoria depende de cada uno de nosotros" y ha concluido que "el heroísmo consiste también consiste en lavarse las manos y quedarse en casa: será muy duro y difícil, pero este virus lo pararemos unidos".
En las últimas horas, comunidades como Madrid, Cataluña o el País Vasco habían ido adoptando medidas que iban más allá de las recomendadas por el Gobierno para contener la expansión del virus, como el próximo cierre de todos los negocios de hostelería a partir del sábado en Madrid, el confinamiento de Igualada (Girona) o la declaración de la emergencia sanitaria en Euskadi.
El estado de alarma está recogido en el artículo 116 de la Constitución, y contempla restricciones como:
- Límites a la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados
- Practicar requisas temporales de bienes
- Imponer prestaciones personales obligatorias
- Ocupar transitoriamente todo tipo de industrias y explotaciones
- Racionar el consumo de artículos de primera necesidad
- Imponer las órdenes necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios afectados por una huelga o una medida de conflicto colectivo.
Se trata de la segunda vez que se adopta esta medida en España, después de que Zapatero lo hiciera durante la crisis de los controladores aéreos en 2010.
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