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"IRRESPONSABILIDAD" DEL EJECUTIVO
El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, denunció la “irresponsabilidad” del Gobierno de Pedro Sánchez por adjudicar a la empresa china Huawei la gestión y almacenamiento de escuchas policiales, en un contrato de 12,3 millones de euros. Bravo afirmó que esto afecta a la “seguridad nacional” y “contraviene” las recomendaciones de la Unión Europea y Estados Unidos. Según él, “nuestros aliados europeos y americanos advierten del alto riesgo que supone contar con una empresa china como proveedor en materiales sensibles”.
El dirigente popular añadió que no entienden qué llevó al Gobierno a tomar esa decisión, dado que la información confidencial “podría ser utilizada por el Gobierno chino”, basándose en la Ley de Inteligencia Nacional de China. También llamó la atención sobre que en el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2023 se advirtiera sobre la influencia de China, pero en 2024 y 2025 se eliminó “toda mención” a este país tras adjudicar el contrato a Huawei.
Bravo exigió “lealtad” hacia los socios europeos y afirmó que “no hay margen para la interpretación de este asunto”. Advirtió: “Si Sánchez pone en peligro los secretos del Estado, tendrá que explicar por qué y nosotros le preguntaremos donde haga falta, Congreso o Senado”.
El PP pedirá la comparecencia de los ministros Marlaska, Robles y Albares para que den “explicaciones” sobre esta adjudicación de “alto riesgo” y solicitará el expediente íntegro y los informes de ciberseguridad. Bravo concluyó que el Gobierno “está jugando con fuego” y defendió la necesidad de “garantizar la máxima protección en los ámbitos estratégicos”, especialmente frente a riesgos de potencias extranjeras.
Además, el dirigente popular subrayó que la protección de la información sensible debe ser una prioridad para preservar la soberanía nacional y evitar vulnerabilidades que puedan comprometer la seguridad interna. Recalcó que el PP seguirá vigilante y actuando para que se respeten los intereses de España y su ciudadanía, evitando concesiones que pongan en riesgo datos clave para la defensa y el orden público. Enfatizó que la defensa de la seguridad nacional no puede estar sujeta a decisiones políticas que comprometan la confianza de aliados internacionales ni pongan en peligro la integridad del Estado. Asimismo, insistió en que la transparencia y el control parlamentario son indispensables.
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