PP y Vox pactan en Extremadura reformar la ley de extranjería para priorizar a españoles en ayudas públicas

INMIGRACIÓN Y AYUDAS PÚBLICAS

El pacto entre PP y Vox en Extremadura incluye la modificación de la ley de extranjería para permitir la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y la creación de una unidad de control del padrón y fraude social

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en imágenes de archivo, durante distintos actos públicos.
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en imágenes de archivo, durante distintos actos públicos. | Europa Press

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura incluye un compromiso para modificar la ley de extranjería con el objetivo de eliminar la prohibición de discriminar a los inmigrantes en el acceso a ayudas y servicios públicos.

El pacto, que trasciende el ámbito autonómico y puede condicionar la agenda nacional del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, incorpora la denominada “prioridad nacional”, una de las principales exigencias de Vox, que busca que los ciudadanos españoles tengan preferencia sobre los extranjeros en el acceso a prestaciones sociales y vivienda pública.

Según el texto del acuerdo, ambas formaciones se comprometen a impulsar la reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España, así como de otras normativas que dificulten la aplicación de ese principio. Esta modificación permitiría abrir la puerta a limitar el acceso de inmigrantes a determinados recursos públicos, en función de criterios de arraigo o residencia.

El líder de Vox, Santiago Abascal, celebró el acuerdo como una “buena noticia” y defendió la implantación de la “prioridad nacional” en Extremadura, una medida que el partido considera clave en su programa político.

El pacto también contempla la creación de una unidad administrativa para la detección del fraude en el padrón y en el acceso a ayudas sociales, con funciones de inspección y control que incluyen la identificación de redes organizadas. Esta estructura, según el texto, estará orientada a combatir el uso indebido de recursos públicos.

Desde el Gobierno central y distintos partidos de la oposición se han criticado duramente estas medidas, al considerar que vulneran el principio de igualdad recogido en la legislación vigente y en el derecho europeo.

Contenido patrocinado

stats