Proponen juzgar al BBVA y a Francisco González

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, concluye la investigación que arrancó en 2018 y asevera que “la instrucción practicada hasta el momento en la presente pieza separada ha puesto de manifiesto que se cumplen los presupuestos para dictar auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado frente al BBVA a efectos de que sea sometida a juicio oral como persona jurídica penalmente responsable”.

Fuentes del BBVA apuntan que la entidad siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la misma.

En su resolución, el juez procesa asimismo al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano, al exCEO del banco Ángel Cano o al exdirector de Riesgos Antonio Béjar por presuntos delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Y propone sentar en el banquillo de los acusados al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu; al actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; al responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; al exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos.

Además, también procesa al socio de Villarejo, Rafael Redondo, al exinspector de Policía Antonio Bonilla y al agente con carnet profesional 76.738. Por último, el magistrado acuerda el archivo para 11 investigados.

Septiembre de 2022

En su auto, el magistrado hace suya la “prolija exposición” realizada por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito por el que solicitó que concluyese la instrucción. El fiscal Alejandro Cabaleiro asegura en su escrito que la contratación por el BBVA, con la expresa aquiescencia de su entonces presidente, Francisco González, del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002 permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban Villarejo y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

La Fiscalía añade que el propio González, “dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo”.