PSOE, Sumar e IU sellan una alianza al Senado

Acuerdo 'in extremis' en el bloque progresista. Prácticamente sobre la bocina del plazo límite de registro fijado para la medianoche de este viernes, el PSOE, Movimiento Sumar, Izquierda Unida (IU), Compromís, Más Madrid, la Chunta Aragonesista y Batzarre han formalizado una candidatura unitaria bajo el nombre de "Senado de Progreso" de cara a los comicios del 29 de noviembre. La entente incorpora también pactos ya perfilados en territorios insulares, como la confluencia entre los socialistas y Més-IU-Sumar en las cuatro islas de Baleares y la alianza progresista en La Gomera. Por el momento, Podemos queda al margen de la rúbrica oficial, si bien no se descarta que pueda consensuar perfiles independientes en las listas definitivas.

El gran objetivo estratégico de esta maniobra consiste en desmontar la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. El sistema mayoritario de elección del Senado premia de forma desproporcionada a la lista más votada en cada circunscripción —que suele asegurarse tres de los cuatro escaños en liza—, castigando severamente la fragmentación del voto. Así ocurrió en las generales de 2023, donde los populares transformaron un 34,7% de los sufragios en un 57,7% de representación (120 senadores), mientras que el espacio a la izquierda del PSOE, con más del 11% de las papeletas, no obtuvo ningún escaño directo. Frente a ello, las estimaciones técnicas manejadas durante la negociación calculan que una papeleta conjunta permitiría a la izquierda alcanzar hasta 112 senadores, reduciendo al principal partido de la oposición a unos 84 parlamentarios.

La confluencia, sin embargo, no tendrá un carácter uniforme y contemplará excepciones en el mapa autonómico. En plazas como Sevilla, donde el PSOE mantiene una posición dominante con tres representantes, concurrirá en solitario. Un escenario similar se prevé en Cataluña, donde el PSC aspira a retener en solitario 12 actas territoriales, así como en federaciones con reticencias orgánicas hacia este tipo de fórmulas, como Castilla-La Mancha. En cambio, el pacto resulta clave en circunscripciones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León, Aragón o Navarra, donde la dispersión de las papeletas progresistas facilitaba tradicionalmente la victoria conservadora.

La operación ha sido capitaneada en los despachos por la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el secretario general del PCE y portavoz de Sumar, Enrique Santiago. La inscripción de la marca electoral no obligaba a tener registrados los nombres de los candidatos, una ventaja procedimental que abre ahora una ventana de negociación hasta el plazo definitivo de registro de listas, fijado entre el 21 y el 26 de octubre. El diseño inicial prevé que el PSOE encabece las listas reservándose dos de las tres plazas con opciones reales de elección, dejando la restante a los socios de coalición.

La batalla por la Cámara Alta adquiere una relevancia institucional decisiva ante el próximo ciclo político. Más allá de neutralizar el uso del Senado como dique legislativo y centro de comisiones de investigación contra el Ejecutivo, la mayoría de la cámara debe resolver de forma inminente la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato se encuentra caducado, y afrontará en 2029 la renovación de la mitad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).