Pumpido avisa de la urgente renovación que necesita el TC

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, avisó al Senado de que en diciembre caduca su mandato y el de otros tres magistrados, por lo que la Cámara debe activar la designación de sus sustitutos. En una misiva enviada la última semana de julio, Conde-Pumpido señala que “el plazo se cumple el 17 de agosto, fecha inhábil en el tribunal”, y por eso adelantó el aviso.

Los cuatro magistrados con mandato a punto de caducar son Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último podrá repetir y extender su mandato nueve años si el Senado lo propone, ya que sustituyó al magistrado Alfredo Montoya en 2022.

La composición actual del TC, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores, puede cambiar, pues dos de cada bloque salen y habrá que elegir a cuatro nuevos magistrados. La última renovación en la que entraron cuatro magistrados modificó la mayoría, pasando de una mayoría conservadora a una progresista.

El TC está formado por 12 miembros nombrados por el Rey, cuatro propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según la Constitución, el tribunal debe renovarse por tercios cada tres años, y los mandatos duran nueve años.

La renovación también implica elegir un nuevo presidente del tribunal. Conde-Pumpido asumió la presidencia en enero de 2023 tras obtener “seis de los 11 votos que estaban en juego”. La vicepresidenta actual es Inmaculada Montalbán. Estos nombramientos rompieron la norma no escrita de que la Presidencia correspondiera al sector mayoritario y la Vicepresidencia al minoritario.

Este proceso de renovación genera expectativas sobre el equilibrio político del Tribunal, dada la influencia que sus decisiones tienen en asuntos clave del país. La designación de magistrados puede alterar la orientación de la institución en temas sociales, políticos y constitucionales. Por ello, el Senado enfrenta un reto para buscar consensos amplios y garantizar la independencia y estabilidad del Tribunal Constitucional en los próximos años. Además, el debate en la Cámara Alta puede reavivar las tensiones entre los diferentes grupos políticos sobre la composición y el papel del TC.

Se prevé que la renovación será objeto de un intenso debate político, ya que el equilibrio del tribunal puede afectar la resolución de importantes cuestiones que atraviesan a la sociedad española. Los grupos parlamentarios deben negociar para alcanzar un acuerdo que mantenga la credibilidad y la legitimidad del tribunal, evitando que la elección de los nuevos magistrados se convierta en una herramienta de confrontación política.