Sánchez pacta con Podemos para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes en el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros de este martes acoge la búsqueda de aprobación del Gobierno de una regularización extraordinaria de migrantes por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, según confirmaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estas mismas fuentes explicaron que esta regularización extraordinaria, que ha avanzado la formación morada, es para extranjeros que ya se encuentran en España y se realizará “con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”. Al ser por decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.

La iniciativa retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox (310 votos a favor y 33 en contra), aunque sigue varada en la Cámara Baja.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, desveló ayer el acuerdo con el PSOE durante un acto en Madrid centrado en la regularización de este colectivo. Allí indicó que la medida implicará a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Montero añadió que los beneficiarios deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en España, mediante empadronamiento, informes médicos o envíos de dinero, y que con la solicitud se otorgará una autorización provisional de residencia. Asimismo, Montero aseguró que Podemos velará para que el proceso sea “ágil y eficaz” y que es necesario garantizar los derechos de estas personas frente a la violencia racista.

Podemos velará para que el procedimiento sea eficaz

Igualmente, Montero ha señalado que Podemos velará para que el proceso sea “ágil y eficaz”, y que es necesario garantizar los derechos de estas personas frente a la violencia racista.

Con este Real Decreto, el Ejecutivo retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox (310 votos a favor y 33 en contra), aunque continúa varada en el Congreso. La ILP fue registrada en la pasada legislatura y no decayó con la disolución de las Cortes. No obstante, pese a algunos avances, la difícil aritmética parlamentaria ha impedido que supere su toma en consideración.

Ante esta situación, grupos como Sumar y Podemos optaron por que el Ejecutivo aprobara un decreto sin validación parlamentaria. Paralelamente, el Gobierno aprobó el pasado año la modificación del Reglamento de Extranjería, en vigor desde el 20 de mayo, con el objetivo de flexibilizar el sistema y la regularización por arraigo, aunque diversas organizaciones advirtieron de que dejaba en un limbo jurídico a los solicitantes de asilo rechazados, motivo por el cual se presentó un recurso ante el Tribunal Supremo.

Para corregir esta situación, el PSOE presentó en mayo de 2025 una propuesta para regularizar a los migrantes llegados antes del 31 de diciembre de 2024, mediante una “autorización de circunstancias excepcionales única”, con el objetivo de desbloquear la tramitación de la ILP, en unas negociaciones lideradas por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

La propia Cancela defendía todavía en diciembre de 2025 la vía parlamentaria, afirmando que, si no fuese posible, habría que explorar otras opciones, pero que el legislativo debía responder primero.

Crece un 700% los migrantes en situación irregular en España

Este mismo lunes, Funcas estimó el número de migrantes en situación irregular en España —ante la falta de estadísticas oficiales— señalando un aumento del 685% en los últimos ocho años, al pasar de 107.000 personas en 2017 a 840.000 en 2025. Según el informe, la irregularidad afectaría al 17,2% de la población extranjera no comunitaria.

Del total de personas en situación irregular, el 90,4% proceden del continente americano, lo que supone 760.000 migrantes, principalmente colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000). Desde África se contabilizan unas 50.000 personas, desde Asia unas 15.000 y desde Europa, 14.000.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre el 20 de mayo —entrada en vigor de la flexibilización del arraigo— y el 31 de octubre del pasado año, 95.000 personas regularizaron su situación por alguna de las vías de arraigo.