El Supremo afirma que es una "evidencia" que el fiscal general ha destruido pruebas en su teléfono móvil

El Tribunal Supremo ha emitido un auto en el que afirma que es una "evidencia" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "ha hecho desaparecer pruebas" que podrían encontrarse en sus terminales móviles, generando un conflicto en el caso en curso.

El magistrado Ángel Hurtado, encargado de la instrucción, ha hecho esta declaración en respuesta a la solicitud del fiscal general, que había pedido restringir el acceso a ciertos documentos del caso. El Supremo ha decidido limitar el acceso de acusaciones y defensas a los anexos de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estableciendo que solo podrán consultarlos de forma presencial en el tribunal.

A pesar de reconocer que no es relevante penalmente que un investigado elimine pruebas incriminatorias, el juez subraya que este tipo de acciones no pueden ser ignoradas en el desarrollo de la instrucción penal. El auto incluye un extracto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), en el que se argumenta que el procedimiento penal debe garantizar que el Estado tenga la ventaja inicial para recoger los vestigios del crimen y los indicios de culpabilidad.

En este contexto, Hurtado ha mencionado la desaparición de pruebas en el caso de García Ortiz, destacando que aunque el fiscal general haya ofrecido diferentes explicaciones sobre su conducta, podría haber informado antes de destruir la información en lugar de esperar hasta el 16 de octubre de 2024, cuando el Tribunal Supremo se declaró competente para el caso.

Ante esta desaparición de pruebas, el magistrado ha ordenado la realización de diversas diligencias para intentar recuperar las pruebas desaparecidas, lo que ha implicado realizar investigaciones tecnológicas y acudir a empresas como Google y Whatsapp para rastrear los dispositivos móviles de García Ortiz.

La UCO había reportado que no se encontraron mensajes en los móviles del fiscal, lo que llevó a una serie de medidas para esclarecer los hechos. García Ortiz ha explicado que borró la información siguiendo un protocolo interno de seguridad de la Fiscalía.

Hurtado también ha explicado que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces y fiscales tienen la autoridad para suprimir datos personales en los documentos judiciales, pero siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Supremo ha dejado claro que las partes involucradas deben cumplir con la normativa de protección de datos, pero también ha reafirmado que, en aras de la transparencia y el derecho a un juicio justo, no se puede restringir el acceso a la información de manera absoluta, siempre que sea necesario para la efectiva defensa de los derechos de las partes.