El Supremo rechaza frenar la regularización extraordinaria de migrantes

El Tribunal Supremo ha emitido una resolución determinante este viernes al rechazar la suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de migrantes, una medida aprobada por el Gobierno el pasado 14 de abril. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tomado esta decisión tras una deliberación de más de tres horas, permitiendo que el procedimiento administrativo siga adelante a pesar de los recursos presentados por diversas entidades y formaciones políticas. Aunque el alto tribunal ha admitido la legitimación activa de Vox y de la Comunidad de Madrid para impugnar el decreto, ha considerado que no existen motivos suficientes para paralizar el proceso de forma urgente.

En la misma resolución, el tribunal ha inadmitido los recursos de Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la entidad Libertad y Justicia, alegando una falta de legitimación activa para intervenir en este caso. Pese a este revés judicial, fuentes de Hazte Oír ya han confirmado que recurrirán la decisión, manteniendo su postura sobre el presunto grave riesgo que supone la medida y denunciando una supuesta falta de garantías en el control de antecedentes penales de los solicitantes. Por su parte, el letrado de Vox defendió ante la sala que la regularización podría alterar el equilibrio político y administrativo del país debido al elevado volumen de personas que obtendrían la residencia legal.

Frente a estas críticas, la Abogacía del Estado ha defendido la legalidad del proceso en este mayo de 2026, advirtiendo que una suspensión cautelar vulneraría los derechos de los ciudadanos extranjeros interesados y perjudicaría gravemente el interés general. Durante la vista, los representantes del Ejecutivo subrayaron que los beneficiarios del decreto en ningún caso podrán participar en las próximas citas electorales. Según los datos oficiales aportados ante el tribunal, un total de 549.596 migrantes ya han presentado su solicitud desde que el proceso arrancó el pasado 16 de abril, una cifra que refleja la magnitud de esta medida impulsada originalmente a través de una Iniciativa Legislativa Popular.