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ARVH
El Tribunal Supremo (TS) rechazó la suspensión cautelarísima del real decreto de regularización extraordinaria de migrantes que había solicitado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH).
En un auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó la solicitud de esa asociación, “consistente en la suspensión inmediata de la vigencia del real decreto impugnado, sin audiencia previa de la Administración, por concurrir circunstancias de especial urgencia”.
La asociación alegaba “riesgo cierto de perjuicio irreparable”, la “tramitación de un volumen extraordinario de solicitudes”, la “generación de situaciones jurídicas individualizadas” o la “concesión de autorizaciones de residencia y trabajo”.
Pero los magistrados consideraron que “ninguna de las anteriores alegaciones justifica que se suspenda la vigencia del real decreto impugnado sin previa audiencia de la parte demandada”.
“En este caso no se acredita la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia”, concluyeron, y acordaron tramitar el incidente cautelar por el procedimiento ordinario y dieron 10 días al Gobierno para sus alegaciones.
Además, incidieron en que para la recurrente “bastaría con la entrada en vigor de una norma al día siguiente de su publicación para apreciar la urgencia”, a lo que replicaron que “la urgencia no puede derivar de la fecha de entrada en vigor de una disposición”.
La petición de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica no es la única presentada ante el Supremo, ya que Hazte Oír también reclamó que suspenda cautelarmente la regularización extraordinaria de migrantes, al entender que excede los límites legales y “altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos”.
El conselleiro de Emprego, José González, afirmó que es “está analizando el texto” del decreto de regularización de migrantes que entró en vigor este jueves para decidir si la Xunta lo recurre.
En declaraciones antes de participar en Santiago este jueves en el Congreso de Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social, el conselleiro explicó que “están valorando los servicios jurídicos” esta posibilidad.
“Lo que sí podemos decir es que es un texto que no se habló con las comunidades autónomas; y lo que estamos viendo es si las alegaciones que presentamos desde Galicia, como casi la práctica totalidad de las comunidades autónomas, pues si alguna de ellas se contempló”, explicó.
El pasado miércoles, fuentes autonómicas ya avanzaban que no se descarta recurrir, ya que alegan que el texto “nace mal concebido” desde el inicio.
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