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APLICACIÓN DE LA LEY RIDER
La plataforma de reparto a domicilio Uber Eats ha reconocido ante la Inspección de Trabajo una deuda de unos 110 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a cerca de 60.000 repartidores que operaron como falsos autónomos, según han confirmado fuentes del proceso.
La cantidad responde a las cuotas impagadas entre 2022 y 2025, periodo en el que estos trabajadores prestaron servicio bajo un modelo que la Inspección considera contrario a la conocida como Ley Rider, en vigor desde 2021 y que establece que los repartidores deben ser considerados asalariados por la relación de dependencia con las plataformas.
Tras la investigación, el organismo concluyó que Uber Eats organizaba el trabajo de los repartidores a través de su algoritmo, lo que implica una relación laboral y no de autonomía real. En marzo de 2026, la compañía ya había comenzado a dar de alta a estos trabajadores en la Seguridad Social tras renunciar al modelo de autónomos.
En enero de este año, Uber Eats anunció que dejaría de trabajar con repartidores por cuenta propia para ajustarse a la normativa laboral. Con esta aceptación de la deuda, la empresa busca cerrar el expediente abierto con la Inspección de Trabajo, aunque todavía queda por determinar la posible sanción administrativa.
El Ministerio de Trabajo ha reiterado en varias ocasiones su posición sobre el caso. “Un trabajador con una bicicleta no es un autónomo”, ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendiendo la aplicación estricta de la ley.
El caso forma parte del mayor endurecimiento del control sobre las plataformas de reparto en España, donde la Inspección de Trabajo ha intensificado en los últimos años las actuaciones contra el uso de falsos autónomos en el sector.
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