Visto para sentencia el juicio de García Ortiz en el Supremo

El juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador (novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso) queda “visto para sentencia” tras seis sesiones intensas en las que han comparecido más de 40 testigos, además de los propios implicados. La causa se centra en la presunta filtración a la Cadena SER el 13 de marzo de 2024 del email que la defensa de González Amador envió al fiscal Julián Salto ofreciendo reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel.

El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, defendió que “el fiscal general del Estado es inocente” y sostuvo que González Amador fue el primero en revelar a los medios la existencia de las negociaciones, señalando que “cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, éste pierde su carácter reservado”. Ocio argumentó que los actos de García Ortiz fueron proporcionados a la “gravedad” de las acusaciones y que su comportamiento buscaba proteger la imagen de la Fiscalía.

Por su parte, la acusación, liderada por Gabriel Rodríguez Ramos, afirmó que hay “prueba directa” de que García Ortiz filtró el email buscando una “cobertura legal” para emitir una nota de prensa que presentara al empresario como un “delincuente confeso” y generar una “sentencia popular”. Según la acusación, esto convirtió a González Amador en “moneda política” y formó parte de “una maquinaria de comunicación” que le causó daños económicos, personales y legales.

García Ortiz se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel, 12 de inhabilitación y más de 400.000 euros en multas e indemnizaciones. El tribunal, presidido por Andrés Martínez Arrieta, concluyó la vista con la indicación: “Visto para sentencia y despejen la sala”.

“Conjeturas y filtraciones”

La defensa del fiscal general del Estado denunció un “juicio paralelo” durante la sesión, causado por un contexto mediático excepcional que desbordó el debate jurídico y afectó al derecho a la presunción de inocencia. José Ignacio Ocio, abogado del Estado, subrayó que este entorno adverso se basó en “conjeturas, filtraciones y lecturas parciales” que pusieron en riesgo la imagen y los derechos de su representado.

Ocio expresó su confianza en que “esa contaminación externa” no influya en “la serenidad, la independencia y la objetividad” de los magistrados del Supremo, destacando la importancia de que la decisión final se adopte con imparcialidad. Asimismo, apeló a la “esencia de la función jurisdiccional” para garantizar la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia, enfatizando que “es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

La Fiscalía defiende que era “impune”

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, defendió que, “aún en la hipótesis” de que el fiscal general Álvaro García Ortiz hubiera “filtrado” el correo sobre Alberto González Amador, “en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios”.

Sánchez Conde señaló que periodistas de varios medios sabían de las negociaciones antes que García Ortiz y que la fuente de la información de El Mundo fue el propio González Amador, quien difundió un email del 12 de marzo entre numerosos periodistas. Además, defendió que el “borrado legítimo” de los chats de WhatsApp del fiscal no tuvo relevancia en la causa y recalcó que los indicios presentados por la UCO no demostraban una participación directa del fiscal en la presunta filtración.

El novio de Ayuso denuncia que le convirtió en “moneda política”

La acusación particular de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sostuvo que la presunta filtración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le destruyó la presunción de inocencia, transmitiendo que “es un delincuente confeso”, lo que le impuso una “sentencia popular” y lo convirtió en “moneda política”.

El abogado Gabriel Rodríguez Ramos afirmó que la nota de prensa difundida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 contenía un “relato de confesión y culpabilidad” que no era necesario para desmentir los rumores, y que su divulgación formaba parte de “una maquinaria de comunicación” que se ha reforzado “día a día por el Gobierno”, afectando tanto a la vida personal como económica de González Amador y generando un daño reputacional difícil de revertir.

Rodríguez Ramos insistió en que la revelación de secretos afectó a la presunción de inocencia, recordando pronunciamientos del TJUE y del TEDH, y criticó que desde la Fiscalía General se filtran asuntos a periodistas sin investigación interna sobre los correos y notas difundidos. Destacó que los medios y políticos implicados actuaron de manera coordinada para usar la información “sin consecuencias legales para ellos”.