Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental
53 MILLONES
Por primera vez en democracia, un expresidente del Gobierno español es investigado formalmente por presuntos delitos de corrupción y organización criminal. La investigación judicial trata de esclarecer el destino de los 53 millones concedidos a Plus Ultra Líneas Aéreas durante la pandemia y analiza posibles delitos de blanqueo, tráfico de influencias y falsedad documental.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido abrir una investigación sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dentro del denominado caso Plus Ultra, una causa en la que se analizan posibles delitos de blanqueo de capitales relacionados con el rescate público concedido a la aerolínea durante la pandemia. De esta forma, por primera vez en democracia, un expresidente del Gobierno español es investigado formalmente por presuntos delitos de corrupción y organización criminal.
La investigación judicial pone el foco en los 53 millones de euros que el Ejecutivo aprobó para salvar a Plus Ultra Líneas Aéreas en plena crisis sanitaria. El juez intenta determinar si parte de esos fondos pudieron acabar vinculados a operaciones financieras irregulares o a movimientos de capital sospechosos.
El juez ha llamado a declarar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio y ha ordenado el registro de la oficina del expresidente del Gobierno y de otras tres mercantiles, que se están realizando en este momento. Además, el juez instructor ha decidido levantar el secreto de sumario, según las mismas fuentes.
El caso dio un salto de dimensión a comienzos de 2026, cuando la Audiencia Nacional asumió la investigación debido al alcance económico e internacional de las operaciones analizadas. Parte de las diligencias continúan bajo secreto judicial.
Las pesquisas de la UDEF también se centran en la relación entre el expresidente y varios empresarios presuntamente vinculados a la operativa de Plus Ultra. Entre ellos figura el nombre de Julio Martínez, señalado por algunos informes policiales como una pieza relevante dentro de la supuesta trama financiera investigada.
Desde que se aprobó el rescate en 2021, la ayuda pública a Plus Ultra estuvo rodeada de polémica política y económica. Mientras el Gobierno defendió que la compañía era estratégica para mantener conexiones internacionales, distintos partidos cuestionaron la viabilidad real de la aerolínea y la conveniencia de destinar fondos públicos a su rescate.
El juez de la Audiencia Nacional investiga el rastro de dos millones de euros en el entorno del expresidente
La investigación liderada por la Unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF), bajo la supervisión del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha puesto el foco en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Según las pesquisas, se atribuyen delitos de tráfico de influencias a José Luis Rodríguez Zapatero, quien presuntamente habría percibido cerca de 2 millones de euros en comisiones, ya sea de forma personal o mediante Whathefav, la empresa de sus hijas.
Además de estas comisiones, el informe policial señala un posible entramado de blanqueo de capitales que implicaría la creación de una sociedad offshore en Dubái para canalizar los fondos.
El auto judicial detalla cómo se habría distribuido el capital dentro de esta supuesta organización criminal. El centro de la operativa recae en Julio Martínez Martínez y su empresa Análisis Relevante, la cual habría actuado como puente financiero:
Se habrían transferido 490.780 euros al expresidente socialista más otros 239.755 euros habrían acabado en las cuentas de la sociedad Whathefav.
La investigación apunta a que el grueso del dinero gestionado por Análisis Relevante procedía no solo de Plus Ultra, sino también de una red de empresas implicadas, entre las que figuran Inteligencia Prospectiva, Softgestor y el Grupo Aldesa.
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