Miguel Ángel Cadenas, expresidente del TSXG: “La justicia en este país nunca ha contado con los medios suficientes”

Miguel Ángel Cadenas (Ourense, 1947) será el protagonista del próximo Foro La Región, que se desarrollará este jueves en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo. El jurista ourensano, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) hasta su jubilación, desgranará el marco jurídico de la actividad médica y los problemas que esto conlleva en una conferencia-almuerzo que rendirá homenaje a la figura del abogado ourensano Emilio Atrio.

¿Con qué se va a encontrar el público que acuda a su conferencia?

El título de la ponencia es revelador del contenido: “Autonomía del paciente y actividad médica”. Por un lado, se trata de hablar, en el contexto médico-paciente, de lo que es la autonomía y la voluntad por parte del paciente, esa facultad que tiene de autocontrol sobre sí mismo, y la actividad médica, como relación jurídica y los problemas que lleva consigo que no son pocos.

¿Cómo conviven la Medicina y la Justicia?

Si hablamos de los que administran justicia, pues son también usuarios del sistema de salud, y en esa medida tienen un conocimiento directo de lo que es, desde la perspectiva del paciente, la relación médica. Desde el punto de vista estrictamente jurisdiccional, a los juzgados va la patología que saca a relucir la relación médico-paciente; también la actividad profesional, que es compleja y nada fácil.

¿Los pacientes son conscientes de sus derechos?

Habrá de todo, pero no es responsabilidad del sanitario, sino de los pacientes. Indudablemente, deben tener un conocimiento fundamental de su papel, sobre todo de qué pueden pedirle al médico, qué le deben exigir y cuándo pueden decir que no a la actividad médica. Esto también debe saberlo el personal sanitario, pero el primer obligado es el paciente.

El documento de instrucciones previas, ¿es el gran desconocido?

Quizás sí y eso tiene su justificación. El documento ya preexistía a la ley de regulación de la eutanasia, del año 2021, lo que pasa es que esta ley ha otorgado al documento de instrucciones previas una nueva dimensión. Es decir, a través de ese documento, si una persona es capaz y consciente se puede prever que, llegado el caso y cumpliendo los requisitos legales, esta persona puede acceder a la prestación de ayuda para morir. Eso sin duda ha supuesto una nueva dimensión para el documento y para todos los miembros de la sociedad porque se trata de hacer nacer un nuevo derecho, y un nuevo derecho es un mayor espacio de libertad. Indudablemente, si no se conoce mínimamente la ley de regulación de eutanasia, tendremos una laguna en nuestro estatus jurídico.

¿La eutanasia supone un reto para la Justicia?

Si entendemos por reto la carga jurídica y social de reconocer y de realizar la prestación de ayuda para morir, lo es. Sobre todo para los órganos administrativos que actúan en el proceso de la eutanasia, esos son los directos responsables de la realización de la prestación de ayuda para morir. La jurisdicción entra en este procedimiento administrativo solo cuando hay una impugnación. El mayor reto es materializar lo que dispone la ley, que fija la responsabilidad en el médico y en una comisión que crea la ley de regulación de la eutanasia, que es la de garantía y de evaluación. Ahí reside el verdadero reto para la Justicia, con la ayuda estructural indispensable de la Administración sanitaria y de las direcciones asistenciales.

¿Cree que la Justicia tiene los suficientes medios?

Nunca los ha tenido. Yo he ejercido la jurisdicción, me refiero que he asumido la función de juez, que eso es la jurisdicción, y solo ahí hay poder judicial durante más de 45 años. Pues le puedo asegurar que aunque ha habido una cierta modernización, la insuficiencia de medios ha sido permanente, desde que ingresé en la carrera judicial hasta que me jubilé en el Tribunal Superior de Xustiza. Y hoy quizá es más dramático, porque los medios técnicos son tan indispensables que si no prácticamente estás inhabilitado, estás incapacitado para realizar debidamente la función jurisdiccional.

Entre esos medios estaría la creación de nuevos juzgados, entiendo.

Cuando hablo de medios, hablo de medios en sentido unicomprensivo, que es, por un lado, funcionarios y jueces y, por otro lado, medios materiales y luego medios personales como funcionarios. Ese conglomerado es el que tiene un nivel cuantitativo muy deficiente, desde siempre, desde siempre y actualmente igual o más.

¿Qué es lo más difícil de ser magistrado?

Es relativo. Cada juez tiene su problemática particular. Le diría que, hacia el interior del propio juez, es en definitiva a resolver. Resolver que quizá el autocontrol se manifiesta en la motivación de sus resoluciones. A través de la motivación se ve perfectamente si el juez en definitiva está resolviendo meditadamente y en derecho. Y hacia afuera, indudablemente, la independencia. La independencia es fundamental, que se transmita hacia afuera, es decir, que la sociedad vea que, quien va a resolver un asunto, lo hace bajo su propia autonomía personal y funcional, que no actúa bajo órdenes de nadie salvo de la ley. Porque en un Estado de Derecho como el nuestro, la ley es el verdadero soberano y los demás, los ciudadanos, en general, y en particular gobierno y jueces son sus servidores.

¿Hay mucha injerencia política?

Depende del juez. En mi experiencia, por una razón u otra, siempre he mantenido una posición absolutamente neutral. Las presiones son normales en la vida. Lo único sustancial es ponerle coto a esa presión y dejar claro que el juez es independiente.

¿Entiende que haya ciudadanos que no creen en la Justicia?

Claro que lo entiendo. La justicia a gusto de todos es imposible. Los fundamentos de la Justicia -dar a cada uno lo suyo aplicando el derecho- implica casi siempre quitarle la razón a uno y dársela a otro. Y eso provoca en definitiva siempre desconfianzas y rencores entre los ciudadanos. Lo fundamental no es que las personas directamente interesadas por un asunto judicial, a través de sus letrados, se enteren de que el juez les ha dado o quitado la razón, si no las razones en función de las cuales ese juez le ha dado o le ha quitado la razón.