Robert Amsterdam, abogado: “Hacienda opera en España al margen de los límites constitucionales”

ENTREVISTA

Robert Amsterdam es abogado y fundador del despacho internacional Amsterdam & Partners

El abogado Robert Amsterdam, invitado en septiembre al Foro La Región.
El abogado Robert Amsterdam, invitado en septiembre al Foro La Región. | La Región

El Foro La Región tendrá como protagonista el 10 de septiembre al abogado Robert Amsterdam, fundador del despacho internacional Amsterdam & Partners. Ejerció como abogado de figuras políticas y empresariales en conflictos internacionales, entre ellas el magnate ruso Mijaíl Jodorkovski. En los últimos años, ha denunciado los abusos de la Hacienda española.

Pregunta. Su conferencia se titula “Hacienda y el Estado dual”. ¿Qué quiere decir exactamente?

Respuesta. En lo que respecta a Hacienda, existen dos estados diferentes. Estamos tomando la teoría del “Estado dual” que Ernst Fraenkel formuló en 1941 y aplicándola a la España actual, porque el paralelismo resulta escalofriante: una España existe sobre el papel, protegida por la Constitución, y una segunda existe en la práctica, donde Hacienda no responde ante nadie. Goza de una presunción de veracidad y al ciudadano no le queda nada: ni presunción de inocencia, ni un control real del poder.

P. Usted ha llegado a acusar a la Agencia Tributaria española de actuar contra los contribuyentes. ¿El sistema fiscal es injusto?

R. Porque no es un sistema fiscal, es una extorsión: a los inspectores se les paga una prima según lo que incautan, los ciudadanos deben entregar el dinero antes de que un tercero independiente haya resuelto siquiera si se debe, y cuando Hacienda se equivoca, no les pasa nada. Es una organización que oprime, confisca y extorsiona, y que opera con la impunidad del crimen organizado.

P. ¿Tiene la Agencia Tributaria demasiado poder ?

R. Sin duda. Hacienda opera al margen de los límites constitucionales que se supone deben regir a los poderes de un gobierno democrático, y lo hace con una presunción de veracidad que deja al ciudadano culpable desde la primera carta. He combatido regímenes con protecciones del Estado de derecho mucho más débiles que las que España dice tener, y lo que veo que ocurre aquí todavía me resulta impactante.

P. ¿Los contribuyentes están indefensos?

R. El “solve et repete” (paga y reclama) te obliga a pagar o depositar un aval antes de que un juez examine tu caso, las amenazas se transmiten de forma verbal para que nunca quede constancia por escrito, y los abogados españoles temen representarte porque saben que serán los siguientes en ser auditados. Estos casos pueden tardar muchos años en resolverse, así que solo quienes tienen más recursos y valentía cuentan con lo necesario para resistir a Hacienda, y cuando lo hacen, ganan.

P. ¿Puede Hacienda exigir dinero que no se debe, y luego obligar a los ciudadanos a pasar años luchando para recuperarlo?

R. Constantemente. Hemos documentado una acusación de “empleo simulado” que era rotundamente falsa, y aun así la víctima tuvo que luchar años para demostrar algo que debería haber sido obvio desde el primer día. Cuando la justicia llega, años más tarde, después de que una familia haya quedado arruinada económicamente, eso no es un error, es un robo con pasos adicionales.

P. ¿Le parece injusto que los contribuyentes tengan que pagar o aportar avales por una presunta deuda antes de que un tribunal haya resuelto si la Administración tenía razón?

R. Sencillamente indefendible: se trata a los contribuyentes como culpables desde el principio y se les obliga a pagar antes de que un solo juez haya dicho que deben un céntimo. Quítele el ropaje del latín jurídico y el “solve et repete” significa simplemente esto: primero te quitamos el dinero, y quizá, años después, admitamos que nos equivocamos.

P. Usted ha criticado el sistema de incentivos de los inspectores de Hacienda. ¿Cree que puede fomentar una actitud más agresiva hacia los contribuyentes?

R. Por supuesto que sí: estos inspectores son depredadores que comen de lo que cazan, cobran un porcentaje de todo lo que consiguen sacarte y no afrontan ninguna consecuencia si se equivocan. España parece ser el único país del mundo donde un inspector suma puntos y dinero por llevar a la quiebra a una empresa familiar.

P. ¿Hasta qué punto pueden esos incentivos generar un conflicto entre el objetivo de recaudar y el deber de actuar con objetividad?

R. La objetividad ya ha perdido: en el momento en que la prima de un inspector depende de cuánto te saque, deja de ser un funcionario neutral para convertirse en un depredador con interés económico. Es corrupto a simple vista, y está a punto de volverse mucho más peligroso en cuanto la inteligencia artificial les permita rastrear todo, hasta el regalo de una boda.

P. ¿Ha conocido casos en los que, a su juicio, la Agencia Tributaria haya actuado de forma abusiva o haya perjudicado injustamente a un contribuyente?

R. “Abusiva” es una palabra amable para lo que he visto. Actualmente, llevamos alrededor de una docena de asuntos en España, entre ellos ejecutivos extranjeros atraídos con la “Ley Beckham” y luego sorprendidos con auditorías, y personas de recursos modestos que describen haber sido humilladas y psicológicamente destrozadas por Hacienda. También nos ha contactado un grupo tras otro alegando una persecución con motivación política.

P. ¿Puede darnos un caso concreto?

R. Fíjese en Agapito García Sánchez, cuyo calvario se narra en el documental “Hechos Probados”: perseguido por 53 millones de euros, acosado hasta la ruina, y finalmente ingresado en un hospital psiquiátrico por su propio gobierno. Hemos documentado otro caso, el de una víctima amenazada con cargos penales, hospitalizada por el puro estrés, que solo “llegó a un acuerdo” una vez que fue quebrada hasta el punto de la rendición. Este caso, entre muchos otros, muestra cómo Hacienda ha creado un instrumento de extorsión amenazante e inhumano bajo la apariencia de un Estado.

P. ¿Por qué tantos contribuyentes prefieren llegar a un acuerdo o pagar antes que llevar a la Administración tributaria a los tribunales?

R. El Estado ha convertido el agotamiento en un arma: una disputa puede prolongarse entre diez y quince años, y Hacienda sabe que casi ninguna familia o empresa puede sobrevivir a esa guerra de desgaste, así que al final ofrecen un descuento si simplemente te quedas callado. La gente no llega a acuerdos porque sea culpable, la están matando de hambre hasta someterla.

P. ¿Garantiza España realmente la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada?

R. No, y quien le diga lo contrario miente: Hacienda goza de una presunción de veracidad que jamás se concede al contribuyente, lo cual es exactamente lo contrario de lo que se supone que debe hacer un Estado de derecho. Compárelo con el Reino Unido, donde la autoridad tributaria parte de la premisa de que quien comete un error es una persona honesta, no un delincuente al que hay que quebrar.

P. Si pudiera cambiar tres cosas del sistema fiscal español y de la Agencia Tributaria…

R. Eliminar el sistema de primas -que ha repartido cerca de dos mil millones de euros en diez años- que paga a los inspectores para cazar contribuyentes, ninguna democracia debería convertir la recaudación de impuestos en un negocio a comisión. En segundo lugar, abolir la obligación de pagar o depositar un aval antes incluso de poder recurrir. Una justicia que hay que comprar no es justicia. Y en tercero, dar a los ciudadanos una presunción de inocencia real y hacer que la agencia pague un precio cuando destruye la vida de un contribuyente inocente. Ahora mismo la rendición de cuentas solo fluye en una dirección, y eso tiene que terminar.

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