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Xosé Manuel Beiras ha remitido a la presidenta de la Cámara un escrito para opinar sobre estas normas, que la presidenta envió previamente a los grupos para que ofrezcan sus sugerencias, un procedimiento pensado por Rojo tras los últimos incidentes en el hemiciclo protagonizados por invitados de los grupos de oposición.
En estos criterios para ordenar el acceso del público a los plenos figura que, en caso de que se produzcan alteraciones del orden en las sesiones, se remitirán a la autoridad judicial.
También apuntan a que el grupo parlamentario que lleve invitados es responsable de informarles de lo previsto en el Reglamento de la Cámara respecto orden dentro del recinto.
Además, para su acceso al salón de plenos, los invitados deberían firmar un escrito en el que constan los deberes del público. En el caso de que el invitado no firme, podrá seguir la sesión desde el espacio del grupo parlamentario.
En su escrito, Xosé Manuel Beiras considera 'no pertinentes' los contenidos del borrador de criterios y entiende que aceptarlos equivaldría a poner 'bajo sospecha' a los ciudadanos y también atribuiría funciones 'parapoliciales' al grupo parlamentario.
Para Beiras, estas normas remitidas por Rojo a los grupos parecen un reglamento de 'control, disciplina y sanción de personas que pretendan acceder a algún recinto de alta seguridad como, por caso, las visitas a los recluidos en un centro penitenciario'.
El diputado de AGE señala en su escrito que el Parlamento es 'la casa de los representantes del pueblo soberano y, como tal, debe estar abierto sin cortapisas', salvo en circunstancias excepcionales de inseguridad manifiesta, 'que de ninguna manera se van a dar'.
A este respecto, subraya que ha habido incidentes en el pasado en la Cámara, como la 'agresión física' a una diputada socialista por parte de una 'conocida militante del PP' que no fueron objeto de ninguna reacción disciplinaria por los órganos del Parlamento.
Finalmente, Beiras asegura la voluntad de AGE de contribuir a que las condiciones de vida y trabajo en el Parlamento sean lo más óptimas posibles y recuerda a la presidenta que, en democracia, 'el pueblo es quién más ordena', y no 'los criterios particulares de cualquier órgano de gobierno de cualquier institución política'.
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