Boye intentó justificar dinero incautado al grupo de Miñanco

Una inspectora de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción aseveró ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y al abogado Gonzalo Boye -quien dirige la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont- que los documentos presentados por este letrado para justificar la procedencia del dinero -casi un millón de euros- aprehendido en el aeropuerto de Barajas en 2017 eran “ficticios” y “falsos” y que en realidad pertenecía a la organización criminal.

Así lo señaló en su declaración para dar cuenta de los diversos informes que presentó en el marco de la investigación que desembocó en esta vista en la que se juzga a Sito Miñanco, a Boye y a unas cincuenta personas por delitos que van del blanqueo de capitales al tráfico de droga en el seno de organización criminal y falsificación de documento oficial. Para Boye, la Fiscalía interesa 9 años y 9 meses de prisión mas una multa de 2,7 millones.

Boye, en concreto, fue procesado por la magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, por su presunta participación en ese operativo orquestado con el objetivo de recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas en febrero de 2017. Estos “correos humanos”, que llevaban el dinero oculto en dobles fondos de su equipaje para moverlo hacia Colombia, fueron interceptados y esto provocó, según el relato de la magistrada, que los “narcos” contactaran con Boye y con otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.

De este modo, Boye y otros dos abogados, según la Fiscalía, habrían elaborado documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía.

Sobre las letras de cambio objeto de investigación, recordó que de su análisis vieron que el supuesto comprador de las mismas, Rafael Alberto Rojas, “no tenía la capacidad económica” para adquirirlas tal y como se establece en los contratos privados de compraventa que se aportaron como justificación.

Pago de 8.000 euros

La agente que declaró ayer también se refirió a otro informe, de 2019, en el que aportó nuevos indicios y contexto. Subrayó que detectaron “que existía una comunicación continua entre la hija de Prado Bugallo, Isabel, y Gonzalo Boye por WhatsApp”. A su juicio, la hija de Sito Miñanco actuaba “como el nexo de unión con la organización de Prado Bugallo y Boye”, quien actualizaba “en todo momento el estado de los trámites”. Además, destacó que vieron que Sito Miñanco abonó 8.000 euros al letrado como pago de su minuta a lo lardo de un periodo temporal pero que no recibió nada de González Rubio, quien en teoría era su principal cliente en la causa.