La Comisión de Investigación concluye la absoluta legalidad de los contratos de la Xunta
CONTRATACIÓN PÚBLICA
La Comisión de Investigación sobre contratación pública aprobó su dictamen, confirmando la legalidad de los contratos de la Xunta
La Comisión de Investigación sobre la contratación pública autoriza hoy su dictamen, concluyendo que la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, los contratos menores de la Xunta de Galicia y los contratos de emergencia investigados fueron completamente legales, tras analizar la documentación disponible y las comparaciones realizados.
“Non van escribir nunca as conclusións porque non lles interesa”, afirmó el diputado del PP, Roberto Rodríguez, dirigiéndose a los grupos de la oposición. “porque fixeron
exactamente o que agardábamos: cando a verdade apareceu na Comisión, fuxiron e abandonárona”.
En resumen, Rodríguez destacó que la fórmula de colaboración público-privada utilizada para la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro era la única opción viable en ese momento, debido a la grave crisis económica, la falta de recursos financieros y la imp.
En cuanto a la ejecución del proyecto, Rodríguez afirmó que se demostró en la Comisión que no hubo modificaciones en el plazo de ejecución ni en la superficie construida del hospital, y que el Gobierno bipartito de PSdeG y BNG ya había explorado la posibilidad de utilizar una fórmula público-privada para la construcción del hospital, pero no hizo nada, ni proyecto
Respecto al financiamiento de la obra, el diputado del PP destacó que "quedou plenamente acreditado que non houbo sobrecusto”, refiriéndose al informe del Consello de Contas que especifica que “a Administración non asumiu sobrecustos pola execución da obra” y “a Administración realizou un control efectivo na fase de execución do contrato”..
Roberto Rodríguez también habló de la contratación realizada por la Administración autonómica desde 2009 y subrayó que “quedou acreditado que a Xunta
cumpriu escrupulosamente a normativa legal, sometendo os expedientes a todos os controis internos e externos esixibles, tanto por parte da Asesoría Xurídica e a Intervención, como polas posteriores auditorías externas por parte dos órganos competentes”.
En concreto, señaló que “o volume da contratación menor efectuada pola Xunta mantense en niveis similares con independencia da cor política do Goberno: durante o Goberno bipartito, os contratos menores supuxeron o 8,2 por cento do orzamento; e nas lexislaturas posteriores a 2009 os contratos menores supoñen o 8,6 por cento”.
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