La Comunidad llega hasta los 90.000 mayores dependientes

CONSELLO DE LA XUNTA

Rueda insiste en que el Gobierno está “muy lejos” del 50% de financiación que cuestan los servicios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el Consello de la Xunta.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el Consello de la Xunta.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, informó de que Galicia ya alcanzó el objetivo de llegar a los 90.000 dependientes “atendidos” con dos meses de antelación sobre el plazo previsto. Según explicó, Galicia recibirá más de 52 millones de euros dentro del convenio del nivel acordado para 2025 entre la Consellería de Política Social e Igualdade y el Imserso, parte de los 105 millones destinados al sistema de atención a la dependencia en la comunidad. Esta cifra refleja la reducción de la lista de espera y la mejora en la calidad de los servicios de dependencia.

Rueda destacó que “esto es posible, en gran parte, gracias al Plan de choque activado por la Xunta”, que corre el riesgo de paralización tras el recurso presentado ante el Constitucional por el Gobierno central. Sin embargo, insistió en que el Gobierno central está “muy lejos” de aportar el 50% de financiación del coste de los servicios de dependencia, y alertó de que la deuda acumulada con Galicia “a finales de 2026 sería de casi 3.000 millones de euros”. Además, reclamó una revisión de los criterios de distribución de los fondos, dado el elevado envejecimiento y la dispersión geográfica de Galicia, que aumentan los costes.

Por otra parte, la Xunta inició los trámites para contratar la gestión de la nueva residencia pública de mayores en Ferrol, en O Bertón, cuya llave entregó la Fundación Amancio Ortega. Esta será la quinta residencia de mayores incorporada al sistema público autonómico y ofrecerá 120 nuevas plazas. El contrato tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable hasta cinco, con un presupuesto base de 6,3 millones de euros y un valor estimado de 18,4 millones considerando las prórrogas. La puesta en marcha de esta residencia permitirá reforzar la atención a la dependencia y generar empleo en la zona.

Asimismo, el Consello aprobó un convenio con la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) para financiar la fase final de su nueva sede en Santiago de Compostela, con un presupuesto de 550.000 euros destinado a fontanería, saneamiento, climatización, electricidad y telecomunicaciones. La sede albergará servicios de empleo y formación, programas de autonomía personal y centralizará las oficinas actualmente dispersas, mejorando la eficiencia en la atención a las personas con discapacidad.

Finalmente, la Xunta firmó un convenio con las ONGD Solidaridad Internacional de Galicia, Agareso y Asamblea de Cooperación por la Paz para desarrollar la decimotercera edición del proyecto de educación para la cooperación “Activistas polo mundo que queremos”, con un presupuesto superior a 74.300 euros, de los que el Gobierno gallego aporta casi 70.000.

Tramitación para la nueva Ley de ciencia e innovación

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que el Consello autorizó el inicio de la tramitación del anteproyecto de la Ley de Ciencia e Innovación de Galicia, con el objetivo de que entre en vigor “en el año 2027”, según confirmó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. Rueda señaló que la intención es que esta ley “acompañe el gran momento que vive la I+G+i en Galicia”, con un fuerte crecimiento en los últimos años y proyectos que sitúan a la comunidad “en una posición puntera”. Rodríguez destacó que la norma supondrá “un salto cualitativo y cuantitativo” al actualizar, integrar y fortalecer el modelo vigente desde 2013, adaptándose a la “transformación potente” tecnológica y digital que vive la sociedad.

Subrayó que Galicia ha incrementado la inversión en I+D en un 28,2%, duplicando la media estatal, y que la ley permitirá configurar un marco estable y coherente para modernizar el sistema, garantizar su sostenibilidad y generar impacto en la economía y la sociedad gallega. Entre las novedades se incluyen la regulación de la atracción y retención de talento, la transferencia efectiva de resultados hacia la industria y la innovación empresarial, la reducción de la burocracia y el fomento de la iniciativa privada e inversión en ciencia.

La normativa buscará también conectar a la ciudadanía con la I+D+i, descentralizar las políticas científicas y reforzar la innovación territorial mediante planes locales. La ley tendrá en cuenta el marco estatal actualizado, la colaboración entre centros de conocimiento, el decreto de la carrera investigadora, el fortalecimiento de infraestructuras y el apoyo a pymes.

Para su elaboración, se desarrollará un proceso participativo abierto a todos los agentes de I+D+i, con coordinación institucional a través de una comisión de redacción integrada por distintos departamentos del Gobierno gallego, la Comisión Interdepartamental de I+D+i y el Consejo Asesor de Investigación e Innovación de Galicia.

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