Un edil no adscrito en Touro entrega el ayuntamiento al PP

El concejal no adscrito de Touro, Darío Rey, entregará la Alcaldía al portavoz del PP, Jesús Reboredo, tras pactar una moción de censura contra el actual regidor, Roberto Castro (Movemento Veciñal). El acuerdo incluye que el Ayuntamiento se persone en los procesos judiciales relacionados con la mina de Touro-O Pino, que Rey presidirá una comisión de medio ambiente y que el nuevo gobierno respetará sus decisiones. La moción es posible tras una reciente sentencia del Constitucional que elimina obstáculos legales a los tránsfugas.

Rey, que fue el número dos de Movemento Veciñal, rompió con el alcalde por su “posición ambigua” frente al proyecto minero y criticó también la falta de acción de gobiernos anteriores, incluido el PP. El nuevo gobierno se compromete a no apoyar institucionalmente la mina sin un “mandato claro” de la mayoría social, a contratar un equipo técnico independiente que elabore informes y asesore legalmente, y a no firmar convenios con empresas promotoras.

El equipo técnico contará con expertos en derecho ambiental y ciencias medioambientales, y deberá estar contratado en 45 días. También se convocará una comisión cuando lo solicite Rey, y el PP no podrá obstaculizar sus propuestas si tienen respaldo jurídico. Para el edil no adscrito, el objetivo es “superar una etapa de ambigüedad” y poner al Ayuntamiento del lado de los vecinos y del medio ambiente.

Además, Rey remarca que la defensa del entorno natural y la salud pública “deben estar por encima de cualquier interés económico”. El acuerdo también obliga al nuevo gobierno a consultar con la ciudadanía sobre cualquier paso relevante respecto al proyecto minero. El compromiso de transparencia será clave en la nueva etapa, con información pública regular sobre todas las decisiones vinculadas a la mina. En caso de incumplimientos, Rey podría abandonar el acuerdo y forzar una nueva reconfiguración del gobierno local si lo considera necesario. La comisión de medio ambiente también podrá proponer modificaciones normativas para reforzar la protección del territorio.

El PP justifica su paso por “responsabilidad”, y aunque no alude directamente a la mina, critica que el gobierno de Castro no logró aprobar presupuestos ni el POS, y que perdió más de un millón en ayudas. Afirma que el ejecutivo actual “incumple acuerdos plenarios” y que su situación es “insostenible”. También recuerda que en las últimas elecciones se quedó “a pocos votos” de la mayoría absoluta.