Fabiola García acusa al Gobierno de "poner palos en las ruedas" tras admitir el Constitucional el recurso sobre dependencia

El pasado mes de octubre, el Gobierno presentaba un recurso de insonstitucionalidad al Plan de choque de dependencia y discapacidad de la Xunta de Galicia, un marco que el gobierno gallego había impulsado "por su efecto encuanto a la agilización de trámites y a la reducción del tiempo de espera" para que las ayudas llegasen antes a los beneficiarios", tal como argumentan desde la Consellería de Política Social. Las dudas desembocaron en un recurso ante el TC por el contenido concreto recogido en el artículo 45 que recogía la homologación automática de la discapacidad a personas qu tuvieran reconocida la dependencia.

En este stitema de correlación entre discapacidad y dependencia, el plan de la Xunta agilizaba la asignación de ayudas "tras ter amplamente comprobado que existe unha relación directa entre o grao de dependencia e a porcentaxe de discapacidade", tal como apuntan desde la consellería de Política Social.

Mecanismo paralizado

La oposición del Gobierno a este mecanismo hace que se paralice el plan de la Xunta y bloquea la aprobación de nuevas homologaciones. A Xunta "non poderá homologar a discapacidade a ningunha persoa que xa teña a dependencia e tampouco poderá tramitar de maneira conxunta nun único procedemento dependencia e discapacidade: cunha única valoración, tramitación e resolución", apuntan desde la Xunta, puesto que hasta ahora se resolvían ambas condiciones al mismo tiempo.

Fabiola García, responsable de Política Social, ha lamentado la interposición de este recurso que es "para boicotear una vez más el plan de choque de la Xunta" que, ha recordado, "lleva funcionando un año". Con este plan en vigor, la Administración autonómica ha destacado que se lograron resolver "más de 86.300 expedientes" de dependencia y discapacidad en Galicia.

"Lamentamos profundamente que el Gobierno de España nos vuelva a poner una vez más palos en las ruedas, porque Galicia lo único que quiere es resolver expedientes lo antes posible, que la gente tenga cada vez menos tiempos de espera para recibir esa valoración de discapacidad o esa prestación de dependencia y entendemos que toda esta gente no tiene tiempo que esperar", ha reprochado.

Desde la entrada en vigor de dicho plan "melloráronse os tempos de espera en case dous meses, mentres aumenta no resto de España, e resolvéronse de maneira favorable 86.319 expedientes de dependencia e de discapacidade", según los datos facilitados por la consellería de Política Social.

La conselleira advierte también que este recurso expone a los gallegos a volver a pasar por "dous procedementos diferenciados: un para a dependencia e outro para a discapacidade. Cada un deles, coa súa propia tramitación administrativa: admisión, valoración, recoñecemento e resolución" y consideran que solo aportará más lentitud y aumentar los tiempos de espera para percibir las ayudas. Desde la Xunta recuerdan que este plan que ahora se paraliza había reducido al máximo el papeleo, "pasando de 12 documentos a soamente ser necesaria a solicitude para iniciar o proceso, o Goberno central obriga a facer dous procedementos diferenciados", recalcan.

Desde la Consellería recuerdan que un total de 12.626 personas con dependencia se adhirió a este sistema de homologación rápida y de reconocimiento automático. En concreto:

• 4.063 dependientes de grado I (33% de discapacidad)
• 4.284 dependientes de grado II (66% de discapacidad)
• 4.279 dependientes de grado III (100% de discapacidad)

Asimismo, desde la entrada en vigor de dicho plan "melloráronse os tempos de espera en case dous meses, mentres aumenta no resto de España, e resolvéronse de maneira favorable 86.319 expedientes de dependencia e de discapacidade", según los datos facilitados por la consellería de Política Social.

Interpretación jurídica del Gobierno

Por su parte, el recurso presentado por el artículo 45 se basa, para el Ejecutivo central, "en la invasión de las competencias estatales en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".

En concreto, la interpretación jurídica del Gobierno en este caso, es que la Xunta pretendía "entrar a regular con una perspectiva simplificadora" la discapacidad y la dependencia en el régimen económico de estas dos materias "correspondiendo al Estado la competencia normativa sobre el régimen económico" de ambas.

La Xunta ya había incidido en que, al margen de la discrepancia legal, este paso en paralelo (el de acceder a un porcentaje de discapacidad determinado al tener concedido un grado de dependencia) tendrá efectos en la recaudación fiscal estatal, a causa de las deducciones fiscales que corresponderían a quienes vean reconocida esa discapacidad.