El Congreso pasa examen a la ley de dependencia

El Congreso de los Diputados debate hoy la toma en consideración del Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con PNV y Junts pidiendo su devolución. La discusión se centrará en garantizar que los cambios propuestos reflejen las necesidades reales de las personas con discapacidad y dependientes.

En concreto, durante el Pleno, se debatirán las enmiendas a la totalidad de devolución a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, presentadas por Junts per Catalunya y EAJ-PNV. Si se rechazan, el texto continuará su tramitación parlamentaria. En caso contrario, la iniciativa se devuelve al Gobierno, finalizando su tramitación.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, señaló la semana pasada que aspira a que el proyecto salga adelante con un “amplio consenso” parlamentario. “Se aproxima un día muy importante. El próximo día 11, el jueves de la semana que viene, en el Congreso de los Diputados se votará el inicio de la tramitación parlamentaria de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad”, avanzó el ministro de Derechos Sociales.

Bustinduy precisó que estas “no son unas reformas del Ministerio de Derechos Sociales ni del Gobierno de España” sino “del país en su conjunto” y aseguró que cuentan con un “amplísimo consenso social” entre las organizaciones de la discapacidad y de dependencia, con las que han trabajado mano a mano.

Por ello, señaló que están trabajando “con total determinación” para que el inicio de la tramitación refleje “un consenso igual de amplio” que la reforma del artículo 49 de la Constitución u otras iniciativas, como por ejemplo la ley ELA o el Real Decreto Ley de inyección extraordinaria de 500 millones de euros en el sistema de la dependencia. Además, se ha comprometido a que “a la vez que se aprueben esas reformas”, haya “una mejora sustantiva de la financiación del sistema de la dependencia”.

Según recordó el Ministerio de Derechos Sociales, la norma incorpora la accesibilidad universal como un derecho y una obligación de todos los poderes públicos y contiene medidas destinadas a agilizar y desburocratizar los procesos administrativos.

Compatibilizar el empleo

Para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral, la ley también permite compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema, algo que desde la asociación Plena Inclusión valoraron positivamente recordando que en España, 8 de cada 10 personas con discapacidad intelectual no tienen un trabajo remunerado.

Además, el proyecto de ley va a ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad; va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y va a eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Según el Ministerio de Derechos Sociales, la reforma de ambas normas al mismo tiempo va a permitir “avanzar en la transformación del modelo de cuidados”.