Facenda urge al Gobierno a la reforma de la financiación

Los responsables de Hacienda de los gobiernos de Galicia, Castilla La Mancha y Valencia urgieron ayer al Gobierno la reforma del sistema de financiación autonómica, para lo que reclamaron voluntad política para actualizar un modelo que ven “caduco”.

El conselleiro de Facenda de la Xunta, Miguel Corgos; el responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina; y la consejera de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, lanzaron este mensaje durante su participación en unas jornadas sobre financiación autonómicas organizadas por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde) en la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

En declaraciones a los medios, el conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia pidió al Gobierno central responsabilidad y búsqueda de consenso para reformar un sistema de financiación autonómica que está “superado y es insuficiente”.

"Nuevo modelo"

Miguel Corgos consideró necesario que “el Gobierno central presente un nuevo modelo”, en lugar de seguir sosteniendo discusiones infinitas sobre elementos concretos de la financiación, buscando la división de territorios cuando, según apuntó, la realidad es que todas las comunidades están “infrafinanciadas”.

El conselleiro de Facenda reivindicó un modelo negociado de forma multilateral, en el que cada comunidad exponga sus necesidades y esté dispuesta a hacer cesiones para llegar a un pacto que permita una financiación estable y suficiente para todas. Corgos dijo que Galicia no está sola en esta postura, sino que 14 gobiernos autonómicos urgen al Ejecutivo estatal que proponga una reforma que permita mejorar su financiación. Una propuesta que, en su opinión, no tiene que salir de las Comunidades, sino del Gobierno central para después ser debatida y acordada por el conjunto de las autonomías.

El conselleiro sostuvo que esta tarea se puede hacer a través del análisis de qué ingresos de la hacienda pública estatal deben financiar los sistemas públicos autonómicos y cómo repartirlos para garantizar una financiación equitativa de los servicios que deben prestar las comunidades. Ante el lanzamiento de una consulta previa sobre la propuesta del Gobierno central de la asunción de la deuda de las comunidades, Corgos recordó que para Galicia el volumen de deuda no es un problema, debido a las políticas de responsabilidad fiscal desarrolladas en los últimos 15 años.

Además, advirtió de que si se logra aprobar la mutualización de la deuda, los problemas autonómicos pendientes pasarán a segundo plano “sine die”, lo que, conforme señaló, “perjudicará a todas las comunidades”. El responsable de Facenda insistió en que el objetivo común tiene que ser el de contar con un mapa de servicios y cuantificar de forma adecuada el coste de la prestación de cada territorio. Además, sostuvo que el modelo actual “no aporta los recursos prometidos en 2009, cuando se aprobó”.

“Población ajustada”

Una parte del éxito del futuro sistema se apoya “sobre la correcta estimación de la variable de población ajustada”, sobre la que se reflexiona en estas jornadas. Para Miguel Corgos “no hay duda de que esta variable tiene que recoger los costes reales de la prestación de los servicios públicos, teniendo en cuenta factores que influyen en la estimación, como la dispersión o el envejecimiento de la población”.

En este sentido, señaló que Galicia tiene un 26,6% de personas de más de 65 años (frente al 20,4% de España), lo que junto con la elevada dispersión en la comunidad supone un déficit de recursos de 500 millones al año. El conselleiro se refirió a la Declaración de Santiago, firmada a finales de 2021 por ocho comunidades como el “mejor ejemplo” de que “pese a las legítimas diferencias, basadas en necesidades particulares”, las comunidades pueden llegar a unos mínimos comunes.