Galicia tramita una ley pionera contra el acoso y la violencia digital

La Xunta inició este martes en el Parlamento la tramitación de la ley contra el acoso y la violencia digital, la primera de España y Europa, que contempla entre otras medidas, un servicio gratuito de borrado de huella digital y asistencia jurídica gratuita a las víctimas sin necesidad de denuncia previa.

La oposición, por su parte, coincidió en considerar “insuficiente” el proyecto y reclamó que concrete recursos, obligaciones y mecanismos de actuación. Por ello, tanto BNG como PSdeG presentaron sendas enmiendas a la totalidad, que no salió adelante.

La conselleira de Política Social, Igualdade e Xuventude, Fabiola García, defendió que la norma pretende dar una respuesta integral a una forma de violencia “cada vez máis frecuente” y que afecta especialmente a mujeres, niñas y adolescentes, aunque también contempla la protección de otros colectivos vulnerables, como personas menores, con discapacidad y Lgtbi.

Cuatro objetivos

Durante su comparecencia, explicó que el proyecto establece cuatro objetivos: fijar los principios de actuación de la Xunta en esta materia; regular medidas de sensibilización, prevención y detección; promover la formación del personal público y de las fuerzas y cuerpos de seguridad; y establecer medidas de protección y apoyo a las víctimas. Entre las principales medidas figura la inclusión obligatoria de contenidos de competencia digital en los currículums de todas las etapas educativas no universitarias, así como la aprobación de un plan integral contra el acoso y el ciberacoso. También prevé acuerdos con empresas para establecer mecanismos “áxiles” y “urxentes” de denuncia y retirada de contenidos relacionados con estas violencias.

La norma contempla además la puesta en marcha de un servicio gratuito de borrado de la huella digital para eliminar materiales utilizados como instrumento de acoso o violencia, así como otro servicio de apoyo técnico e información para prevenir nuevos ataques. Las víctimas tendrán acceso desde el primer momento a información, orientación y apoyo jurídico, sin que sea necesaria una denuncia previa. El proyecto incorpora asimismo una guía sobre los derechos de las víctimas, pautas de seguridad informática y recomendaciones para conservar evidencias digitales, además de campañas de sensibilización y formación específica para el personal de la Xunta.

La diputada del PSdeG, Paloma Castro, apoyó la necesidad de legislar frente a esta realidad, pero aún así presentó una enmienda a la totalidad y un texto alternativo al considerar que el proyecto “diluye” la dimensión de género de la violencia digital.