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MEMORIA HISTÓRICA
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció ayer que el Gobierno “dará la batalla” legal por la indemnización que el Tribunal Supremo concede a la familia Franco por el Pazo de Meirás y para lo que pidió la colaboración del “conjunto de las administraciones”.
“Seguiremos defendiendo los intereses públicos”, afirmó en una entrevista concedida ayer a Cadena SER. En ella, valoró las implicaciones que tiene la sentencia conocida esta semana, que confirma que el bien pertenece al Estado, aunque reconoció el derecho de los herederos del dictador a recibir una indemnización.
Esta cuantía se establecerá cuando se ejecute la sentencia; eso sí, en 2020, su abogado la cifró en un mínimo de 800.000 euros. “Es una parte del fallo que va a tener recorrido jurídico porque lo hemos consultado con la Abogacía del Estado. Nos dice que tendrá que ser trasladado a la Audiencia Provincial de A Coruña y ya veremos en qué acaba”, concretó el ministro, preguntado al respecto.
A continuación, cuestionado específicamente por si el Gobierno recurrirá la sentencia, Torres insistió en el “recorrido” legal que le trasladan que tendrá. También afirmó: “Vamos a dar la batalla, y espero que sea con el conjunto de administraciones, para que un uso de alguien privativo no tengamos que indemnizarlo con cantidades económicas”.
En este sentido, aseguró que su departamento ya está en contacto con los servicios jurídicos de todas las administraciones implicadas, a las que además agradeció su implicación en el proceso realizado hasta ahora. En todo caso, el ministro valoró el fallo como “una victoria de la defensa de lo público frente a lo privado y de la democracia frente al totalitarismo”. Este bien ha sido declarado recientemente como Lugar de Memoria Democrática.
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